Legalización sí, desmadre no

El pasado septiembre el ex presidente Felipe González defendió durante un acto en la embajada de México en Madrid la "eliminación de la prohibición" como mejor solución para luchar contra el narcotráfico y la violencia que conlleva. González unía así su voz a la de un grupo de presidentes latinoamericanos que consideran que la represión al consumo, impulsada desde Estados Unidos, no ha ayudado en absoluto a luchar contra la violencia que supone el narcotráfico.

Los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; México, Ernesto Zedillo, y Colombia, César Gaviria, se han pronunciado al respecto, aunque ninguno (tampoco González) hizo nada por cambiar la situación cuando gobernaban.

González propugnaba que la liberalización tiene que dedicidirse a nivel internacional. "Si fuera sólo un país el que decidiera levantar la prohibición, habría un crecimiento en punta del consumo con un coste absolutamente inasumible para los dirigentes políticos", señaló hace un mes el ex dirigente español.

Su postura provocó una oleada de reacciones a favor y en contra. Entre las primeras, muchas de las asociaciones que ayudan a los drogodependientes y, entre las segundas, destacó la del portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que desautorizó las palabras del ex presidente. Sin embargo, en un artículo publicado en 1998, Alonso sí que se mostraba partidario de abrir la mano con la restricción.

Los partidarios de la legalización, salvo anecdóticas excepciones, consideran que ésta debe hacerse a través de una regulación. No tiene sentido que, comprobados los efectos nocivos que tienen las drogas en la salud y con las restricciones al consumo que sufren tanto alcohol y tabaco, se permitiera la venta indiscriminada de drogas.

Además, la postura común es que no hay que criminalizar al consumidor, tal y como apunta Carmen Moya, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. "Nuestro enfoque tiene una visión más integral, de prevención, tratamiento y reinserción del drogadicto. A este no hay que criminalizarlo, es un enfermo al que hay que tratar", agrega.

Asociaciones como Energy Control, dedicadas a analizar las sustancias que se consumen en zonas de ocio, apuestan por tomar como modelo la regulación del tabaco y el alcohol. "También son drogas y, después de años de consumo, empiezan a regularse ahora. Se han visto las consecuencias nocivas que tienen demasiado tarde", advierte Nuria Calzada, coordinadora de Energy Control.

La influencia de cómo afectaría la liberalización al consumo de los adolescentes es una de las brechas claves del debate. Algunos consideran que los jóvenes no se chupan el dedo y que si quieren encontrar la droga, saben perfectamente dónde. Por ejemplo, para Domingo Comas, presidente de la Fundación Atenea y experto en drogadicción, "lo que se consigue con la regulación es reducir el acceso de los adolescentes a las drogas".

"Tendrían más dificultades de acceso que en la situación actual con las drogas en el mercado negro, ya que las encuestas nos dicen que ahora casi todos los adolescentes saben dónde comprar cualquier tipo de droga. Cuanto más regularizada está una sustancia, más difícil es el acceso", añade Comas. Sin embargo, para José Luis Sancho, responsable de Proyecto Hombre en Madrid, la legalización acercaría al consumo a un público adolescente que ahora no se atreve o no tiene acceso a la compra de drogas.

Entre las asociaciones de familiares afectados, Aspad (Asociación de Padres de Drogodependientes) considera que la legalización sería buena pero tendría que venir con un trabajo previo informando ya desde el colegio. "Las sustancias ahora no son legales y sigue habiendo consumo. Con la legalización al menos lograríamos algo de control. Es posible que se produjera un aumento a corto plazo y para eso habría que invertir mucho en prevención", señala Miguel López, tesorero de la asociación. "Yo no dejaría el acceso libre ni a los mayores de edad, creo que hay que restringir esa supuesta legalización de alguna manera", añade.

La mayoría de los expertos consideran que el debate es complejo y no se ponen de acuerdo en, por ejemplo, dónde se podrían comprar las drogas. Araceli Manjón-Cabeza, ex magistrada de la Audiencia Nacional y profesora de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, cree que habría que someter las sustancias a un control muy estricto de calidad y de fabricación. "No pueden venderse en cualquier sitio. Deberían llevar un régimen parecido a otros medicamentos, como el Myolastán, que es algo que la gente toma para los dolores de espalda y que para conseguirlo en la farmacia piden no sólo la receta, sino también el DNI. Deberían venderse en lugares que fueran algo parecido entre estanco y farmacia, que estuvieran al alcance de la gente, pero tampoco en un supermercado", concluye esta experta.