Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid han dejado sin alojamiento, documentación, ni protección a un menor de edad camerunés al que atendía desde el año pasado. La Consejería de Familia le ha expulsado de la casa de acogida en la que se encontraba. Se excusa en una prueba ósea que mandó realizar al chico en una clínica privada, según la cual tiene en torno a 18 años (los cumple en tres meses), y en que su documentación es falsa.

De este modo, 'la Comunidad ha dejado al menor sin ningún medio para sobrevivir, en la calle, sin tutela y sin documentación', critica la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reizabal. 'El chico va a tener que dormir en la calle. Y con éste, ya van 19 casos iguales', añade. El origen de todos ellos es subsahariano: hana, Guinea Konakry, Mali, Costa de Marfil o Camerún.

El pasaporte del joven indica que nació el 5 de mayo de 1992 en Duala, la capital económica de Camerún. El Instituto del Menor puso en duda recientemente la autenticidad de este documento y dejó al joven en 'guarda' (una opción intermedia entre la tutela y el desamparo, que le permitió dormir en una pensión).

El chico acudió a la embajada de Camerún en Madrid, donde el propio embajador, Martín Mbargue, firmó una carta verificando su identidad y fecha de nacimiento, explica el abogado Juan Ignacio de la Mata. El letrado es uno de los especialistas más destacados de España en materia de derechos de menas (menores extranjeros no acompañados) por las numerosas sentencias pioneras que ha ganado.

A pesar de la misiva oficial, la Comunidad de Madrid siguió rechazando su pasaporte. El pasado 3 de febrero, el Instituto del Menor denunció su caso en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), que requisaron los papeles del chaval, por un presunto delito de falsedad documental.

La embajada camerunesa, molesta, se puso en contacto ayer con el Gobierno regional para pedir explicaciones, aunque declinó hacer declaraciones oficiales. Las continuas solicitudes del menor para que la Comunidad asuma su tutela durante los tres meses que le faltan para cumplir la mayoría de edad han sido denegadas.

De la Mata presentó ayer las reclamaciones correspondientes en los juzgados de Plaza de Castilla y en la Fiscalía del Menor, que no actuaron de urgencia e instaron a esperar hasta el próximo lunes. El documento de impugnación presentado ayer por los abogados en la Fiscalía de Menores exige 'el retorno de este menor de edad al sistema de protección público' porque los servicios sociales 'le han dejado en situación de abandono y desamparo'.

Tras la cita con el fiscal de guardia, la comitiva de abogados y miembros de la Fundación Raíces abandonaron abatidos la Fiscalía de Menores. Sin embargo, mantienen motivos de esperanza. A última hora, el abogado Ángel Gil se puso en contacto con la presidenta de la fundación. 'Tuve un caso similar hace dos años con otro chico camerunés y lo gané', relató.

La sentencia llegó al fax de la fundación a última hora de la tarde y, a partir del lunes, se sumará al argumentario del equipo de juristas. Al menos hasta entonces, la Comunidad de Madrid se ha desentendido de la guarda y tutela del chico. Además de la veintena de casos similares recopilados por la Fundación Raíces, diversas ONG y asociaciones de inmigrantes han denunciado en el último año irregularidades en la expedición de documentos en la Comunidad de Madrid al cumplir los 18 años. Por esta traba, al alcanzar la mayoría de edad y carecer de documentos, los menores pierden sus derechos y pueden ser expulsados, en contra de lo que dicta la ley.

Al llegar a las costas españolas, se practica la prueba ósea a todos los inmigrantes que declaran ser menores pero que, por su aspecto físico, no convencen a la Policía. Se les realiza una radiografía de los huesos de la mano cuyo resultado 'no es concluyente', insisten fuentes de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria.

En caso de duda, se practica una segunda prueba, más avanzada, que estudia el peso, la masa corporal y diversas analíticas. En las Islas Canarias se han llegado a diagnosticar así casos de chicos de 16 años que en la prueba ósea habían sido catalogados como mayores de edad. La Comunidad de Madrid da por 'buenas, suficientes y fiables' las pruebas realizadas en este caso.