Madrid y Catalunya se saltan la Ley del Aborto

La Ley del Aborto entró en vigor el pasado 5 de julio, pero las mujeres, según la comunidad autónoma en la que residen, se encuentran ahora con que los principios de protección de la identidad, información, gratuidad y fácil acceso a los que alude la norma se cumplen o incumplen en diferente grado. Así lo denunció ayer la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), que señaló en rojo los dos territorios donde se producen los incumplimientos más graves: Madrid y Catalunya.

En el otro extremo, el de las buenas prácticas, están Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria. "Cada comunidad autónoma aplica en su territorio su propia Ley del Aborto", denunciaron Santiago Barambio y Francisca García, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Acai.

Además, los representantes de las clínicas que practican abortos recalcaron que en el primer semestre de 2010, antes de que entrara en vigor la ley, el número de abortos se redujo de manera significativa respecto al mismo periodo del año previo.

El estudio de Acai se basa en las cifras de 19 clínicas de 11 comunidades autónomas. La estadística marca que el número de abortos en mujeres que no deseaban quedarse embarazadas ha descendido un 15% en los seis primeros meses del año. El motivo, según la interpretación de la Asociación de Clínicas, hay que buscarlo en el descenso a la par del número de mujeres inmigrantes que han abortado. Por ejemplo, en Madrid, el descenso total de abortos se sitúa en el 20% y el de mujeres inmigrantes, en un 30%.

Datos personales. Sin respeto al anonimato

Los abortos han bajado un 15% en el primer semestre del año

Las mujeres que van a abortar se encuentran, en algunas autonomías, con que no se respeta la protección de su intimidad a la que alude la ley y la Administración le exige aportar todos sus datos personales sin las garantías jurídicas que siempre han ofrecido las clínicas. Este sistema falla en Catalunya, Madrid y La Rioja. "En Catalunya, además, se obliga a la mujer a identificarse para conseguir el reembolso de la prestación", denunciaron desde Acai. Murcia es otra de las regiones donde las mujeres están perfectamente identificadas durante todo el proceso.

Menores de 16 y 17. Cifra insignificante

Navarra, La Rioja y Castilla y León derivan a otras comunidades

Desde la entrada en vigor de la ley, hace hoy justo tres meses, las clínicas abortivas han registrado sólo 27 casos de menores de 16 y 17 años que han acudido a abortar sin sus padres. La cifra es significativamente baja, al contrario de lo que preconizaban el PP y los grupos abortistas.

Información. Reparto de panfletos

La ley señala que la mujer debe recibir información completa antes de tomar la decisión de abortar. Pero en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los sobres que el Gobierno regional entrega a las mujeres contienen información de unas 30 organizaciones contrarias al aborto y partidarias de entregar a los bebés en adopción. "Madrid es el caso más claro de obstrucción a la ley", advirtió Barambio. Catalunya tampoco cumple este requisito porque, según Acai, ofrece "información poco útil".

Tiempos de espera. Tres y cuatro semanas

En Catalunya, se las obliga a identificarse para recibir el reembolso

En Madrid y Catalunya, desde que la mujer acude a los servicios de salud hasta que finalmente aborta, el tiempo de espera puede demorarse hasta tres o cuatro semanas. En cambio, en otras regiones como el País Vasco, Murcia o el País Valencià, la espera sólo se prolonga una semana.

Gratuidad. Retrasos en los pagos

En varias autonomías (Catalunya, Cantabria, Madrid y Castilla-La Mancha), las mujeres pagan su intervención y luego reciben un reembolso del dinero, pero este suele llegar con retraso. En Madrid, puede llegar entre seis meses y un año después de realizarse la intervención.

Andalucía también estaría haciendo las cosas bien en este punto, con un modelo concertado de financiación. En esta comunidad, desde la entrada en vigor de la ley, el 90% de los abortos ha sido pagado por la sanidad pública y el resto, por la mujer. En Madrid, ese porcentaje cambia a un 60% y en Catalunya es un 54%.

Derivaciones. A otras regiones

Otro incumplimiento de la ley es el referente a que, directamente, las mujeres que quieren abortar en una comunidad autónoma son derivadas a otra. Así ocurre en Navarra, La Rioja y en algunas provincias de Castilla y León, como Soria, Salamanca y León, cuyas mujeres que quieren interrumpir su embarazo tienen que irse a Madrid.

El problema de tanta disparidad radica, según Acai, en que el Gobierno aún no ha desarrollado el reglamento de la Ley del Aborto. Fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron que no iban a entrar a evaluar las cifras ofrecidas por las clínicas. El balance oficial del ministerio se espera para finales de año.

Descenso. Influencia inmigrante

El descenso en el número de abortos, sobre todo en Madrid y Catalunya, se explica sobre todo, según las clínicas, en la caída del número de mujeres inmigrantes que han abortado. "La inmigración incide en el descenso global y puede deberse a dos motivos. A que por la crisis económica muchas mujeres hayan tenido que regresar a sus países de origen o que las que ya llevan más años en España hayan adoptado prácticas anticonceptivas similares a las de la población española", concluyó el presidente de Acai.

A este dato hay que unir, según las clínicas, que la recesión económica está haciendo que muchas mujeres españoles opten por el aborto ante el miedo a quedarse en el paro o no tener dinero suficiente.