La Ley de Violencia de Género introdujo una reforma en el Código Penal por la que se pueden aplicar medidas electrónicas para controlar las órdenes judiciales de alejamiento. Esto significa que los jueces pueden ordenar al imputado llevar una pulsera electrónica, más conocida como pulsera antimaltratador. Sin embargo, desde que en diciembre de 2004 se aprobó la ley sólo la Comunidad de Madrid ha implantado el sistema.

Los dispositivos funcionan en la región madrileña desde 2006. En el primer año de funcionamiento apenas se instalaron 11 dispositivos. Y en la actualidad sólo hay en funcionamiento 68, según señalaron ayer fuentes de la Consejería de Justicia, quienes destacan la efectividad al 100% del sistema. La Comunidad de Madrid cedió 25 de los dispositivos a Baleares, donde funcionan desde hace un año.

La pulsera antimaltratador consta de dos dispositivos: uno para el agresor y otro para la víctima. En el caso del imputado, éste tiene que llevar permanentemente una pulsera que trasmite una señal periódica al dispositivo de la víctima.

Si el maltratador sale de su casa debe portar una unidad de localización (parecida a un teléfono móvil) que indica su situación en cada momento.Un tercer aparato se instala en su domicilio. En caso de que se quite la pulsera el Centro de Control lo detectade forma inmediata.

La mujer, por su parte, lleva en todo momento un aparato parecido a un buscapersonas que le indica la proximidad del agresor. Si sale de casa, porta además un teléfono móvil, que tiene incorporado un sistema de localización GPS. Por tanto, el Centro de Control conoce su posición en todo momento.

En casa, la mujer debe instalar dos dispositivos más: uno detecta si el agresor se acerca y el otro avisa mediante una señal de la presencia del maltratador. De este modo, permite a la víctima comunicarse directamente con el Centro de Control, gestionado por Cruz Roja. Si el maltratador incumple la orden de alejamiento se avisa de forma inmediata a las fuerzas de seguridad.

Cada dispositivo completo cuesta entre 600 y 700 euros. Para el programa completo, que incluye el Centro de Control y los técnicos de mantenimiento, así como un equipo de psicólogos y 150 brazaletes a disposición de los jueces, la Comunidad invierte para este año un millón de euros.

Monserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, siempre ha apoyado la implantación de sistemas electrónicos para mejorar los sistemas de protección. 'El problema es que no funcionan en la mayoría de las administraciones, ya sea por un problema de competencias o de voluntad política', señala la responsable del Observatorio.

Por ello, Comas considera 'interesante' la proposición que hizo José Luis Rodríguez Zapatero durante el discurso de investidura, en la que prometió una reunión monográfica con todas las Comunidades Autónomas sobre violencia de género. 'Hay ámbitos de la ley que son estatales y otros que están descentralizados y no hay unidad de criterios, como ocurre con las pulseras, que no se acuerda quién debe financiarlas', explica Comas.

Un ejemplo de esta desigualdad entre Comunidades también es Madrid: por un lado financia las pulseras, pero por otro devolvió en 2006 el 26% de la partida que le dio el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para luchar contra la violencia machista.

La región que preside Aguirre y Catalunya son dos de las ocho comunidades donde aún no existen Unidades de Valoración Forense Integral para valorar la peligrosidad de los agresores, como contempla la ley.

El servicio de teleasistencia facilita a las víctimas de violencia de género atención durante las 24 horas y los 365 días del año. A través del teléfono móvil, apretando un botón y en la modalidad de manos libres, las mujeres contactan con un centro atendido por personal adecuado. Ante una llamada de emergencia, se movilizan los recursos necesarios para ayudarla, pero también se escucha y asesora.

Pueden usarlo las mujeres que no convivan con el maltratador y cuadno éste tenga una orden de alejamiento o ellas una de protección. El servicio acaba cuando se deja de cumplir uno de los requisitos o la usuaria lo pida.

Extremadura lidera la proporción de mujeres protegidas

46,4% de las denunciantes en Extremadura tienen una orden de protección. En 2007, los juzgados extremeños recibieron1.536 denuncias de malos tratos. A pesar de ser una de las comunidades con menos denuncias tiene la tasa más elevada en proporción a su población.

28.266 Andalucía encabeza el número de denuncias. En la comunidad española con mayor población (8,1 millones de habitantes), la proporción de mujeres que han denunciado maltrato y están protegidas apenas llega al 21%. Es la más baja de España.

71 mujeres por cada 10.000 han denunciado en Murcia. Murcia tiene la mayor tasa de denuncias por población femenina. Por cada 10.000 mujeres, han denunciado a sus parejas o ex parejas 71 mujeres.

18.000 Catalunya y madrid tienen casi las mismas denuncias. Catalunya y Madrid comparten casi todos los datos de denuncias por maltrato. En Madrid hubo en 2007 sólo 500 denuncias más que en Catalunya. La proporción por cada 10.000 habitantes es de seis madrileñas por siete catalanas. Las órdenes de protección son del 31,9% en Catalunya y 31,3% en Madrid, según datos del CGPJ.

126.293 el total de denuncias. Sólo el 30% de las presentadas en toda España conllevó protección.