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El magistrado más afín al PP dirige la estocada del 'caso Faisán'

Enrique López, el juez que compara los procedimientos con las corridas de toros, ha sido clave para mantener la instrucción en la Audiencia Nacional

PERE RUSIÑOL

Si a algún magistrado se le ocurriera alguna vez comparar la Justicia con las corridas de toros, todo el mundo coincidiría en quién sería el matador y quién el candidato al descabello.

En realidad, este magistrado ya existe: Enrique López, juez de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, publicó el pasado junio en La Razón el artículo "La justicia de los toros", en el que trataba de demostrar que "las corridas de toros tienen unas fases muy similares a las de un procedimiento" y confesaba que en ocasiones se siente "ante la misma soledad que ese arrostrado torero frente a un enfurecido morlaco".

Según coinciden varias fuentes jurídicas, ha sido también López el elemento clave que ha situado a los tres imputados del caso Faisán ante lo que, según su particular metáfora, podría ser el equivalente al último tercio de la fiesta: nada menos que un ex director general de la Policía y dos agentes con lustros de la lucha antiterrorista a un paso del procesamiento por un delito de "colaboración con ETA".

El auto, fechado el 4 de abril, provocó un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, un grito a medio camino entre el Yo acuso, de Émile Zola ,y el ¡Indignaos!, de Stephane Hessel, que denunciaba en términos descarnados la "instrumentalización política" del caso y lamentaba que sus compañeros "no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo".

En el voto particular no hay nombres ni apellidos asociados a la "instrumentalización política". Pero son innecesarios: tras el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente, el pasado octubre, el PP ha concentrado sus banderillas, varas y muletas sobre el supuesto delfín de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el punto de que ha presentado 295 preguntas por escrito sobre el caso Faisán y ha interrogado 38 veces en pleno, 31 de ellas a Rubalcaba.

"No es colaboración con ETA, pero no es el momento de ir a Irún", sostuvo

En el manual de campaña del PP ante el 22-M, el caso Faisán ocupa un lugar muy destacado. Y lo que la semana pasada decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es que se mantenga en esta instancia tan mediática en lugar de trasladarse al más discreto juzgado de instrucción de Irún, el lugar donde se produjo el chivatazo que aplazó un mes la detención de 12 presuntos miembros de una red de extorsión de ETA. Pero para que siguiera en la Audiencia, había que mantener abierta la imputación por "colaboración con ETA" contra los dos agentes Enrique Pamiés y José María Ballesteros y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, autor del recurso sobre el que acaba de pronunciarse la Audiencia.

"Por la calle de Génova circularon corrientes intensísimas", sostienen fuentes jurídicas que han seguido de cerca el caso, en referencia a la proximidad entre la sede nacional del PP y la Audiencia Nacional, separadas por apenas 150 metros. Varias fuentes consultadas coinciden en que el magistrado Enrique López, a quien el PP postula contra viento y marea desde hace más de dos años como candidato al Tribunal Constitucional pese a no cumplir, según la Mesa del Senado, los requisitos legales para ello, ha sido clave en conseguir que la próxima campaña electoral se abra con el caso Faisán en la Audiencia.

El juez ya fue determinante el año pasado en mantener vivo el caso en el tribunal al firmar él mismo como ponente un auto, de febrero de 2010, en el que introdujo dos frases muy polémicas: de un lado, sostuvo que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Del otro, defendía una investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".

El auto causó mucho revuelo porque estos polémicos añadidos superaban con mucho el terreno que, según fuentes jurídicas, habían consensuado los cinco magistrados de la Sala antes de que los tres miembros del tribunal iniciaran las deliberaciones. "De aquellos polvos, estos lodos", subraya un jurista muy bien conectado con la Audiencia.

Fuentes próximas al magistrado niegan cualquier influencia en el auto

En el último auto, López buscó un perfil más discreto y ni siquiera se integró formalmente en el tribunal. Pese a ello, fuentes jurídicas aseguran que en el inicio de las deliberaciones dejó clara su implicación en el caso hasta el punto de que trasladó a varias personas el siguiente razonamiento: "No es colaboración [con ETA], pero no es el momento de enviar a Irún el caso".

Su actividad en este sentido fue tan frenética que incluso recibió un toque de atención para que fuera más discreto, añaden las fuentes citadas. López ha declinado hablar con Público, pero fuentes de su entorno subrayan que no ha tenido ninguna participación con el auto conocido el martes.

Pese a que el tribunal lo integran únicamente tres magistrados en este caso, Fernando García Nicolás, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, los cinco miembros de la Sala participaron en las conversaciones informales que a veces se realizan para definir el terreno de juego antes de constituir el tribunal. Y en estas tomas de contacto informal, López también expresó lo mismo que dijo luego a otras personas: no es el momento de que la Audiencia Nacional traslade el caso al juzgado de Irún.

Este fue precisamente el mensaje que, cuando en la semana del 21 de marzo se iniciaron las deliberaciones, asumió el ponente, Julio de Diego, un magistrado considerado muy próximo a Enrique López y al que sectores de la Audiencia han colgado el mote de Torrente. En el otro polo se colocó José Ricardo de Prada: consideraba que había que retirar cuanto antes la imputación por colaboración con ETA de un ex director general de la Policía y dos agentes curtidos en la lucha antiterrorista.

López no estuvo en el tribunal, pero desplegó una actividad frenética

Fuentes jurídicas explican que el presidente del tribunal García Nicolás se decantó inicialmente por retirar dicha calificación y que incluso se había consensuado una solución técnica en la que todos lograban algo: se retiraba la imputación por colaboración con ETA y se mandaba el expediente a Irún, pero en el ínterin que podría espaciarse incluso hasta después del 22-M el juez Pablo Ruz podía seguir la instrucción.

Sin embargo, al final de la segunda semana de deliberaciones, García Nicolás viró hacia la posición final, que cumplió todos los objetivos que había explicitado López y que dejaba al borde del procesamiento por colaboración con ETA a los tres imputados. Fue este viraje abrupto en el último segundo lo que motivó el grito de José Ricardo de Prada en el voto particular, que según algunas fuentes fue suavizado en la versión final.

Varias fuentes jurídicas subrayan la extrema debilidad profesional en que se encuentra García Nicolás tras varios reveses encadenados desde 2009. El CGPJ, del que Enrique López fue portavoz hasta 2008, abrió sendos expedientes por falta grave al dictar una sentencia por un delito de enaltecimiento del terrorismo tres años y medio después del juicio y por haber tardado un año y medio en otra por terrorismo callejero.

El pasado septiembre, el CGPJ le impuso una multa de 500 euros por este último caso. También en 2010, en junio, el Supremo anuló otra sentencia con su firma, dictada igualmente con gran retraso (27 meses después del juicio) por su "desoladora" motivación y sus "graves defectos estructurales". El resultado fue la absolución de cinco jóvenes que habían sido condenados a cinco años de cárcel por un delito de colaboración con ETA.

El presidente del tribunal está en situación precaria tras varios reveses

Coincidiendo con las deliberaciones del tribunal, y con García Nicolás aún partidario del traslado a Irún, El Mundo arrancó el serial de las "actas" de ETA, justo antes de que el juez Ruz levantara el secreto de sumario .

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, incluso alardeó en Twitter de haber influido en el giro del tribunal con la publicación del serial: "Las actas de ETA han sido clave. La Audiencia mantiene la colaboración con ETA a los imputados del Faisán", contó Ramírez.

La conexión entre Ramírez, el director que publicó las informaciones "clave", y López, el magistrado clave del auto, va más allá de compartir palco en el Santiago Bernabéu. También de su amistad con el exministro de Justicia del PP José María Michavila y el portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo.

Hay otro nudo: Miguel Hernán Manovel, cuñado de Enrique López, es el número dos del holding empresarial que encabeza José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, y como tal es consejero de Soriana de Ediciones y Burgos Publicaciones, las empresas con las que Ulibarri comparte con El Mundo la edición del Diario de Soria y el Correo de Burgos, respectivamente.

El cuñado de López es directivo de Ulibarri, imputado en la ‘Gürtel’

El pasado 9 de marzo, el Diario de Soria organizó una fiesta para celebrar el quinto aniversario de la unión. Acudió Ulibarri y se emitió un discurso ex profeso de Ramírez. Dos exconsejeros de Unidad Editorial también están imputados en el caso Gürtel: Manuel Delgado Solís y Plácido Vázquez Diéguez.

Es precisamente el abogado de Ulibarri en el caso Gürtel, Ignacio Peláez, el que presentó la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas, en septiembre de 2009. Y es en febrero de 2010 cuando López, que se jacta de su amistad con Ulibarri desde los tiempos en que fue juez en León y Valladolid, firma el auto que considera de una gravedad sin precedentes el caso Faisán.

En aquel momento, el morlaco al que se enfrentan el PP y el juez que este partido insiste en sentar en el Constitucional cueste lo que cueste no era sólo Rubalcaba, sino también Garzón, que en febrero de 2009 había empezado a instruir el caso Gürtel y que en aquel momento asumía la investigación del caso Faisán.

La investigación de la Gürtel señaló desde el principio una pista en Castilla y León: con Ulibarri y otros empresarios, pero también con el supuesto pago de comisiones en la época presidida por Juan José Lucas, cuya influencia fue decisiva para que, en 2001, el PP propusiera a López como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su padrino en el CGPJ fue Arnaldo, imputado en el ‘caso Palma Arena’

En 2001, Lucas era ministro de la Presidencia de José María Aznar, y López inició entonces la carrera como vocal del Consejo que le llevaría a convertirse en el aguerrido portavoz de la institución hasta 2008 con postulados calcados a los del PP. Había llegado a la casa en 1998, como letrado, y su otro mentor, además de Lucas, fue Enrique Arnaldo, vocal hasta 2001 muy próximo a Michavila y al PP, hoy imputado en el caso Palma Arena.

Fue con Michavila al frente de Justicia cuando López se convirtió en portavoz y hombre fuerte del CGPJ. Su peso era mayor del que sugiere su puesto: exvocales explican que ante cualquier petición, por nimia que fuera, el entonces presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, pedía consultar con López antes de responder.

López es también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer, que en febrero de 2010 invitó a unas jornadas en Quintanilla de Onésimo al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, recién nombrado instructor del caso Santander contra Garzón.

López es también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer

En aquel momento, ya estaban en marcha las tres causas del Supremo que, a falta aún de juicio, forzaron la salida de Garzón de la Audiencia. Las jornadas de Quintanilla de Onésimo las codirigieron Michavila y el propio López, que sólo 15 días después firmó su auto del caso Faisán que afeaba a Garzón y hablaba de la gravedad "sin precedentes". Ni la fundación ni Marchena han querido desvelar los emolumentos del acto.

El patronato de la Fundación Wolters Kluwer, empresa que tiene varios acuerdos de colaboración permanente con la editora de El Mundo, incluía entonces al propio Michavila y a Jaume Matas, ya imputado en el Palma Arena. Enrique Arnaldo, el mentor de López en el CGPJ también imputado en el caso Palma Arena, llegó a presidir la fundación.

Cualquier taurino sabe que cuanto más difícil es la faena, más posibilidades hay de ganar las dos orejas. Pero hay que matar bien. Y en la metáfora taurino-judicial, ello sólo podría hacerse de una forma: sin ser visto.

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