El Partido Popular ha acusado esta semana al Gobierno de vulnerar el Estado de Derecho. Es quizá el más grave de los reproches vertidos por los conservadores a raíz de la interpretación que hace la banda, en unas notas, de la política antiterrorista del Gobierno durante el proceso de paz. Pero cuando el ataque del PP alcanzaba ayer su episodio más grueso, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que su partido mantendrá un apoyo 'legal y leal' al PactoAntiterrorista .

El punto primero de ese acuerdo recoge la voluntad de ambos partidos por 'eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral las políticas para acabar con el terrorismo'. Firmado en diciembre de 2000 a propuesta del entonces jefe de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, marca las líneas básicas que debe seguir la política antiterrorista de las dos principales formaciones políticas. Su rúbrica tuvo lugar en plena campaña de atentados mortales por parte de ETA, un año después de la ruptura de la tregua que siguió a la firma del Pacto de Lizarra entre formaciones soberanistas.

El PP vulnera el punto que exige apartar a ETA del debate político

El PP consideró herido de muerte el Pacto Antiterrorista en 2005, a raíz de la aprobación en el Congreso de una resolución que avalaba el dialogo del Gobierno socialista con ETA. Todos los grupos respaldaron la propuesta a excepción del Partido Popular. Aducen los conservadores que la resolución 'contradijo', cuando menos, otro punto del Pacto Antiterrorista, aquel que señala que el único diálogo posible en una sociedad democrática 'debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos'.

Entró entonces la mecánica del pacto en un punto muerto del que aún no ha salido. El Acuerdo dice que ambos partidos deben buscar 'posiciones conjuntas ante todos los aspectos que afecten a la política antiterrorista' y para ello establecía la creación de una comisión de seguimiento que sereunirá 'periódicamente'. La última vez que se reunió esa comisión de seguimiento fue el 29 de diciembre de 2004.

A pesar de los ataques, Gobierno y conservadores defienden su utilidad

El punto 4 del Acuerdo supone un apoyo explícito a la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los jueces y fiscales. Pero la pasada legislatura, marcada por el proceso de paz, estuvo trufada de acusaciones de connivencia del Gobierno con la banda en las que salieron especialmente mal parados jueces como Baltasar Garzón o el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Los papeles de ETA en los que el PP ha basado su ataque apuntan a un presunto control que pretendió el Gobierno sobre los policías. Sus jefes negaron recientemente ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber recibido órdenes en ese sentido.

Aún así, ni Gobierno ni PP han dado nunca por muerto el Pacto Antiterrorista y defienden su contribución a la actual situación de extrema debilidad de ETA. Además, una ruptura condenaría el acuerdo de gobierno que mantienen ambas formaciones en Euskadi.

Durante la presente legislatura, el caso Faisán -el chivatazo policial a una red de extorsión de ETA- era el único acorde que desentonaba en la aceptación del PP de la política antiterrorista del Gobierno. Alegaba su líder, Mariano Rajoy, que el Gobierno había rectificado en su intención de negociar con los terroristas y que mientras no regresara a las andadas, mantendría su lealtad.

Pero los papeles de ETA sobre el proceso de paz han provocado que el PP volviera a situar la lucha antiterrorista en el centro de la contienda política. Y una vez más, las dudas sobre el futuro del pacto planteadas por el PP se han difuminado al cuarto día.

Coinciden ambos partidos en destacar que, a pesar de que no hay reuniones del Pacto, su espíritu perdura en la relación que mantienen ambos. Y ponen de ejemplo el fluido canal de comunicación que mantiene el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo.

Igualmente, consideran que en asuntos claves se ha alcanzado el acuerdo con facilidad, como ocurre con las reformas legales para impedir la presencia de Batasuna en las instituciones. La última, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que permitirá retirar el acta de concejal a quien no condene un atentado terrorista.

Algo similar ha ocurrido con la política penitenciaria. La estrategia de acercamientos y alejamientos al País Vasco de presos de ETA emprendida por Interior tras la ruptura de la anterior tregua ha recibido el aval de los conservadores, independientemente de declaraciones más o menos altisonantes. No ocurrió lo mismo en la anterior legislatura con el traslado del terrorista Iñaki de Juana Chaos, asunto que sirvió de ariete al PP y que llevó a Mariano Rajoy a encabezar incluso una multitudinaria manifestación en Madrid contra el Gobierno.