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La mancha de la financiación ilegal se expande en el PP

Informes policiales y judiciales destapan irregularidades en las cuentas del partido en Balears, Valencia, Madrid y Galicia. La cúpula del partido intenta desmarcarse: "Esto no es Filesa"

YOLANDA GONZÁLEZ

Detrás de los casos Gürtel, Fundescam y Palma Arena, escándalos de presunta corrupción que han salpicado al Partido Popular en el último año, no sólo han aflorado comportamientos poco transparentes de militantes y destacados dirigentes conservadores. Lo que más preocupa a la formación presidida por Mariano Rajoy son los informes judiciales y policiales que desvelan la financiación ilegal del partido y que tienen en el punto de mira a los conservadores de Balears, Valencia, Galicia y Madrid.

A tenor de lo que señalan estos documentos, la tesis de la dirección nacional del PP de que no se está "ante una trama organizada de financiación irregular del Partido Popular, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular", esgrimida desde el estallido del caso Gürtel, podría tambalearse. El levantamiento del secreto del grueso del sumario de la Gürtel, previsto para mañana lunes, será clave para conocer si, tal y como sostiene la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, "esto no es Filesa", en alusión a la trama de financiación ilegal creada por el PSOE a finales de los ochenta.

Hasta la fecha, las últimas pruebas sobre posibles irregularidades en las cuentas del partido se pusieron sobre la mesa el pasado martes, cuando el juez encargado de la instrucción del caso Palma Arena hizo público un auto en el que se confirma que, para sufragar un mitin de Rajoy en Palma en 2007, en plena campaña para las elecciones autonómicas, se utilizaron fondos públicos. El pago de las facturas que generó este mitin fue realizado por la Fundación Illesport. Dependiente del Govern, la citada fundación pagó además, según el auto del juez José Castro, "facturas falsas" a la empresa de publicidad Nimbus, la adjudicataria de cabecera de la era Matas, cuyo importe iba en realidad al PP.

El modus operandi no era una peculiaridad balear. Es precisamente este mismo método, el del desvío de fondos públicos a través de contratos irregulares con empresas privadas, el que presuntamente empleó la trama Gürtel para hacer frente a actos del PP en Madrid y en la Comunitat Valenciana. A continuación, se profundiza en los casos en los que informes judiciales y policiales han puesto la financiación del PP en el punto de mira.


Cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo en un acto político en Palma en noviembre de 2004 "vamos a intentar hacer en España lo que Jaume [Matas] y todos vosotros hicisteis en Baleares", en alusión al cambio político en las islas, no se imaginaba el desenlace de los hechos. Ahora, seis años después, su "amigo" Jaume tiene que reunir tres millones de euros antes del miércoles para evitar la prisión por su implicación en el caso Palma Arena. Y las primeras investigaciones apuntan a que, en la era Matas, la formación se financió ilegalmente. El mismo auto en el que el juez Castro concluye que "Matas ha venido a burlarse de los simples mortales" desvela poca transparencia en las cuentas del partido.

Según la resolución judicial, fue la fundación pública Illesport la que se hizo cargo de correr con parte de los gastos que acarreó un mitin de Mariano Rajoy en mayo de 2007 en el Palma Arena. Existen dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo y otra de 1.769 por servicios de seguridad. Las facturas, según el texto judicial, "corresponden a servicios particulares del Partido Popular pagadas con fondos públicos". Todo, pese a que se trató de un acto de partido.

Camps y Aguirre recurrieron a empresarios para pagar las campañas

Un asunto menor comparado con el papel de la agencia Nimbus a la hora de camuflar facturas ha quedado demostrado en el auto del juez Castro. La firma, cuyo representante legal está imputado, fue la adjudicataria, por cerca de un millón de euros, de la campaña de promoción del campeonato de ciclismo del velódromo Palma Arena. Es lo que el juez llega a calificar de "cúmulo de casualidades". Y es que el escrito revela que la empresa corría en realidad con gastos del partido.

El auto refleja que en los registros practicados en la sede de Nimbus fue localizada una contabilidad paralela en dinero B relativa a los pagos del PP. "Si la venta va por B como al PP, no se pone", recogía uno de los documentos. Otros aludían a "no facturar" o hacerlo "a coste cero". De hecho, Miguel Romero, imputado en este caso y representante de Nimbus, confesó ante el juez que parte de los servicios prestados al partido durante la campaña de 2007 "no los facturó oficialmente" al PP. Servicios que dijo haberlos cobrado "en negro". Fernando Areal, cuñado de Matas y gerente del partido por aquellas fechas, era el encargado de realizar los pagos.

También reconoció "que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas facturas por cuñas publicitarias de la campaña con objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales". El juez Castro cree que estas irregularidades constituyen un delito electoral.


Nimbus sería al PP de Balears lo mismo que Orange Market al PP valenciano. Esta última empresa, filial de la trama Gürtel en la Comunitat, y sus relaciones con los hombres de Francisco Camps ocupan gran parte de un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía.

Según se desprende de las conclusiones de los investigadores, la empresa, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, sirvió como vía para la financiación ilegal de la formación. Todo, con el conocimiento de la cúpula regional del partido, con su entonces secretario general, Ricardo Costa, a la cabeza.

El modus operandi ha sido similar en Madrid,Valencia y Balears

El informe desvela una doble contabilidad para facturar los servicios prestados al PP, una oficial y otra en dinero B. "No existe transparencia en las actividades económicas de-sarrolladas por Orange Market en relación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", reza el informe. Según los investigadores, Orange Market, una de las máximas adjudicatarias de actos de la Generalitat, facturó a cinco conocidos empresarios de la Comunitat eventos que había organizado para el PP. A cambio, El Bigotes se beneficiaba de más contratos con la Generalitat. Y los empresarios que se prestaban obtenían cuantiosas concesiones públicas.

El informe adjudica a Ricardo Costa, ahora suspendido de militancia en el PP, el papel de "canalizador de los pagos". El modus operandi era el siguiente: la factura correspondiente a un acto del PP era sustituida por otra que se emitía a nombre de una empresa privada cambiando el concepto.

Este informe fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en julio de 2009, pero este no lo tuvo en consideración. Dos meses más tarde, los socialistas presentaron una querella contra el PP ante el TSJCV basándose en los datos de este informe. El 15 de febrero, el tribunal se declaró incompetente, puesto que el caso está en manos del TSJ de Madrid. Pero reconoció que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar".


Varios archivos almacenados en un lápiz de memoria del que se incautó la policía en un piso de seguridad de la trama Gürtel en Madrid ponen de manifiesto la doble facturación de la formación presidida por Esperanza Aguirre para financiar sus campañas electorales en 2003. Y en este caso, Special Events, la empresa matriz de la trama corrupta realizó un papel similar a Orange Market, su filial en la Comunidad Valenciana. La encargada de realizar los pagos, como ocurría con Illesport en Balears, fue la fundación Fundescam, creada en 2000 y perteneciente al propio partido.

El mismo informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que desvela la financiación ilegal del PP valenciano pone de manifiesto que Fundescam corrió con los gastos de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003. La del 25 de mayo y después, tras el episodio del tamayazo, la del 26 de octubre.

Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios

La forma de burlar la ley electoral y así poder gastar más dinero de lo permitido era la siguiente: Special Events organizaba actos para el PP de Madrid que pagaba Fundescam. Y para maquillar esta práctica, la empresa de la trama emitía facturas que nada tenían que ver con el concepto real. Es decir, no podía aparecer por ningún lado que se trataba de actos de partido. Estos hechos habían sido desvelados por Público meses antes de que la policía redactara su informe, basándose en el hallazgo del pen drive.

En el citado lápiz de memoria, la policía encontró dos hojas de cálculo de Special Events con las siguientes denominaciones: "Facturación P. P. Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls". Este último documento, en el que aparece el apellido del ex tesorero del PP, imputado en este escándalo de corrupción, es clave para determinar que las facturas no se emitieron por conceptos reales.

Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios, entre otros de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE. Con una aportación de 246.000 euros, el presidente de la patronal encabezaba la lista de hombres de negocios que hicieron aportaciones a Fundescam. En total, la fundación llegó a recaudar cerca de 800.000 euros.

Como ocurrió en la Comunitat Valenciana, el círculo se cerraba cuando las aportaciones de estos empresarios eran correspondidas por el Gobierno de Aguirre mediante la adjudicación de contratos.


El PP de Galicia se sumó a los dolores de cabeza de Rajoy a cuenta del caso Gürtel. El PP gallego había pagado 3,2 millones de euros en dinero negro entre abril de 1996 y septiembre de 1999. Los beneficiarios de esta cantidad fueron proveedores que se dedicaron a organizar eventos para la formación que por entonces presidía Manuel Fraga y que tenía a Pablo Crespo como secretario de Organización. Actualmente en prisión, a Crespo se le considera la mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

La policía llegó a esta conclusión después de analizar la documentación encontrada en una caja de seguridad de una oficina del Banco Santander en Pontevedra. El registro se practicó en febrero de 2009 por orden judicial. Por estas fechas el ex número tres de Fraga ya estaba en prisión. El caso Gürtel empezaba a causar problemas al partido.

"El lío que se puede montar es morrocotudo"

Los documentos incautados reflejaban que los gastos del PP de Galicia en el citado periodo ascendieron a 6,1 millones de euros. Y que 3.224.826, más de la mitad, se pagaron en negro. De hecho, entre los papeles se encontró una relación incompleta de acreedores que habían organizado actos de la formación. Pero el partido no tenía ni un sólo recibí. Entre los acreedores, dos nombres eran ya familiares. Se trata de Special Events y FCS, del conglomerado de Correa.

Las conclusiones de los investigadores apuntan que este modo de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política". Días después de que este escándalo viera la luz, Crespo venía a confirmar las irregularidades.

En una conversación con su abogado intervenida en prisión, Crespo no ocultaba su preocupación: "El lío que se puede montar es morrocotudo", admitía mientras se preguntaba cuándo prescribían este tipo delitos.

Una reciente decisión del TSJ de Madrid ha invalidado las escuchas realizadas en la cárcel a los presos de la Gürtel, de forma que la financiación ilegal del PP de Galicia puede quedar fuera del sumario. Pero los documentos están ahí y, una vez conocidos por la opinión pública, no son tan fáciles de borrar.