Marchena acusa por cohecho a Garzón mientras delibera si lo condena por la 'Gürtel'

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha dado por concluida la instrucción de la tercera de las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón, la relativa a las retribuciones que percibió durante su estancia en Nueva York entre 2005 y 2006. Su conclusión es que hay indicios de que el magistrado de la Audiencia Nacional pudo cometer un delito de cohecho impropio al "concebir la posibilidad de obtener fondos que le permitieran la organización de los cursos" que impartió allí y "contactar con directivos de importantes empresas españolas" a las que "interesó el pago" de distintos presupuestos.

El auto de transformación del procedimiento, por el que se dan diez días a las partes para que presenten su escrito de calificación o pidan el sobreseimiento de las actuaciones como hasta ahora han hecho defensa y Fiscalía, se ha producido en plenas deliberaciones del primer juicio celebrado contra Garzón, el de las escuchas del caso Gürtel. Marchena es uno de los miembros del tribunal, por lo que ha sorprendido que dictara ahora una resolución de 46 páginas.

El delito imputado está castigado con multa de entre tres a seis meses

El instructor ve indicios de cohecho impropio (castigado con multa de tres a seis meses) en la conducta de Garzón y descarta los argumentos de la defensa y del fiscal, como si se tratase de una sentencia más que de una resolución prevista para poner de relieve los indicios existentes contra el imputado "en un plano indiciario".

Marchena supera ese marco y llega a afirmar que se creó "un interesado escenario de descontrol en el reparto de las abultadas partidas" que recibía la Universidad de Nueva York para "un reparto clandestino de dinero procedente de unas subvenciones cuya pormenorizada justificación nunca llegó a ser exigida por las empresas que financiaron los cursos", algo que ellas dicen que es normal. Para esta acusación se basa en dos cheques de 15.000 y 10.000 dólares ingresados en cuentas de la directora del centro Rey Juan Carlos I, Laura Turégano, y de la que considera asistente de Garzón, Mar Bernabé.

Además, apunta a que "la no coincidencia entre las cantidades que constan como efectivamente cobradas por el querellado" en la cuenta que abrió en Estados Unidos "y las que la universidad certifica como abonadas, no puede ser explicada de otro modo que admitiendo la existencia de cuentas en el extranjero que no han sido identificadas, o el abono de cantidades en metálico o a través de personas o sociedades instrumentales".

El auto descarta las tesis de la defensa y el fiscal, como si fuese una sentencia

A continuación menciona una sociedad administrada por la hija de Garzón y constituida nada menos que cuatro años después de que su padre volviera a la Audiencia. Se limita a decir que "el hecho de que la fecha de inicio de sus operaciones se sitúe en febrero de 2010 no impidió a los peritos" de la Guardia Civil que examinaron las cuentas del magistrado "llamar la atención acerca de un modus operandi especialmente significativo en aquellos casos en los que en un entorno familiar se crea una empresa de estas características".

Marchena explica que, en Nueva York, Garzón mantuvo en su integridad su retribución como juez, "ocultando" al Consejo General del Poder Judicial (que ya archivó una primera denuncia por esos mismos hechos) que como profesor distinguido visitante tuvo remuneraciones: cinco ingresos de 5.727 dólares, seis de 5.703 y dos más por 5.718. Para Marchena, los gastos de escolarización de su hija (21.650 dólares) y en viajes (22.152) son pagos en especie.

El auto acusa a Garzón de ser quien concibió la posibilidad de obtener fondos para realizar los cursos y abonar el viaje y la estancia en la ciudad, así como los honorarios de una persona de su confianza, Bernabé. Para ello, contactó con los directivos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa y les solicitó un total de 2.595.375 dólares. "Las gestiones del querellado permitieron la obtención definitiva de 1.237.000 dólares, al rechazar algunas de las empresas requeridas el abono de cantidades tan elevadas para proyectos que consideraban indebidamente injustificados", afirma la resolución.

Como prueba de la búsqueda de ese patrocinio, el auto cita mails y cartas que el magistrado dirige a empresarios españoles. Uno de ellos se encabezaba con un "querido Emilio", en referencia al presidente del Santander, y concluía diciendo que adjuntaba "la propuesta y el presupuesto".

El compromiso que el BBVA hizo constar de que su contribución no tendría como beneficiario a Garzón que antes de dejar la Audiencia había abierto una causa contra parte de sus directivos que dio la presidencia a Francisco González y la respuesta de Karen Greeberg, que decía que la retribución del magistrado "estaba determinada con anterioridad y permanecería inalterada hasta el final de su estancia en el centro", también se incluye en el auto, pero no parece ser tenido en cuenta.

En cambio, destaca que siempre se resalta la condición de juez y magistrado de Garzón para conseguir el dinero. La licencia del magistrado le mantenía "en activo" y no debió "sustraerse a los deberes de integridad" de su cargo, señala Marchena.

Para neutralizar la defensa del juez de que él sólo cobró de la universidad, que fue quien gestionó y recibió los patrocinios, hace una curiosa reflexión. Dice que el "dinero es un bien fungible" y que "esa estrategia de exoneración" exigiría admitir que los dólares que recibió "eran distintos o, dicho con consciente simpleza, no se mezclaban con los que de forma regular nutrían las cuentas" de las empresas.

El auto cita las causas que las empresas patrocinadoras tenían en la Audiencia Nacional, pero no ve la prevaricación incluida en la querella de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes recurirrán este extremo del auto.