Marlaska imputa a la alcaldesa de Hernani por enaltecer a ETA

La alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), ya tiene dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. El primero se le abrió por pedir un "aplauso lo más caluroso posible" para los presuntos autores del atentado de la T4 en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos. Ayer el juez Fernando Grande-Marlaska la imputó también por no haber retirado el nombre de dos miembros de ETA a una plaza y una calle de la localidad, a pesar de que se le pidió por carta el diciembre pasado.

El juez Central de Instrucción número 3 explica que sólo se pueden rechazar de plano las querellas presentadas por hechos que no son constitutivos de delito, por lo que debe admitir la querella presentada por Dignidad y Justicia contra Beitialarrangoitia.

No sólo nombrarlas

En Hernani hay una plaza llamada Gudarien (del soldado vasco, en euskera) y una calle José Aristimuño, Pana, involucrado al menos en el asesinato del comandante Jesús Velasco Zuazola. "Los hechos imputados, independientemente de los indicios racionales de criminalidad y su potencialidad incriminatoria, revisten los caracteres de un delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio de sus víctimas", se justifica el juez.

No sólo se comete el enaltecimiento dando nombre de un miembro de ETA a una calle, sino también manteniéndolo, "cuando distintos ciudadanos lo ponen en conocimiento de la autoridad competente", porque ello supone "una voluntad o asentimiento personal respecto a dicha loa institucional".

La Fiscalía había pedido que la querella fuera rechazada, al considerar que la Corporación municipal actual no era responsable de los nombres concedios por las anteriores. Sostenía, además, que el cambio de nombre debía tramitarse por la vía Contencioso-Administrativa.

Distintos criterios

En la Audiencia Nacional hay actualmente 11 querellas por conceder calles a miembros de ETA o de otras organizaciones terroristas (nueve de ellas de Dignidad y Justicia). El criterio de los jueces ha sido dispar, aunque la mayoría ha optado por rechazarlas.

El juez Santiago Pedraz rechazó en marzo la presentada contra el alcalde de Arrigorriaga, al entender que la decisión de llamar Argala a una plaza es "puramente administrativa". Su compañero, Ismael Moreno, hizo lo mismo con la interpuesta contra el regidor de Amorebieta, al no ver delito en no retirar el nombre de dos calles a dos miembros de ETA ejecutados.