Marlaska prohíbe pedir la amnistía en la marcha por los presos de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska irrumpió ayer en el debate sobre el futuro de los presos de ETA delimitando los términos en los que se puede celebrar la manifestación del próximo 7 de enero. Según escribió en un auto, las decenas de miles de personas que previsiblemente se darán cita en Bilbao pueden reclamar la aplicación de medidas a los reclusos que están previstas en la ley, "independientemente de que procedan o no". Esto es: "Traslado a las cárceles de su entorno, otorgamiento del tercer grado, libertad condicional, excarcelación de quienes padezcan enfermedades terminales y derogación de la denominada doctrina Parot".

ETA ha autorizado recientemente a sus presos a solicitar por primera vez, aunque de forma colectiva, algunas de estas medidas, pero insistiendo en que su objetivo es la amnistía, lo que otorgaría a sus miembros el estatus de "presos políticos". Y eso es precisamente lo que quiere evitar el juez Grande-Marlaska, la "tergiversación del lenguaje, ni exhibición de fotografías de presos por actividades de la organización terrorista ETA y de aquellas que dependen de la misma". Lo contrario supondría "justificar sus criminales conductas y correlativo menosprecio de quienes han sufrido su violencia", añade el juez en su auto.

Con su decisión, Marlaska sitúa las reivindicaciones durante la manifestación en los límites que el anterior Gobierno estaba dispuesto a aceptar y a los que también podría llegar el actual, según se desprende de las manifestaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a favor de la aplicación individualizada de la ley. Ayer mismo, los firmantes del Acuerdo de Gernika, con la izquierda abertzale a la cabeza, dijeron que, "para que el nuevo escenario avance, el primer paso debe ser el respeto a los derechos básicos de los presos". Para ellos, el final de ese recorrido es la amnistía.

Dignidad y Justicia (DyJ) había solicitado la prohibición del acto, a lo que se sumó la Fiscalía tras examinar los informes que previamente había solicitado a las Fuerzas de Seguridad. Finalmente, Marlaska decidió autorizar la manifestación con las restricciones citadas.