El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería se ha estrenado con polémica. Ayer, el texto fue aprobado en Consejo de Ministros, pero a la vez un total de 84 organizaciones sociales emitieron un manifiesto conjunto para expresar su 'rechazo frontal' a la norma al considerar que no protege los derechos del colectivo inmigrante, que ya representa al 12% del total de la población.

Entre las organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones y colectivos) que firman el texto se encuentran SOS Racismo, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) o el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (Cedehu). Todas están agrupadas en la Red por el Derecho a Tener Derechos.

'El texto penaliza a la población más vulnerable', alertan los afectados

Una de las cosas que más ha molestado a estas entidades es el 'secretismo' y la 'falta de transparencia'. 'Las asociaciones que trabajamos en temas de inmigración no hemos sido consultadas. La Red solicitó a la Secretaría de Estado de Inmigración presentar sus conclusiones sobre el borrador del reglamento, pero no recibimos respuesta', criticó Clara Redal, portavoz de Cedehu.

Sin embargo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubal-caba, afirmó sobre el nuevo reglamento: 'Se ha dialogado mucho; está ampliamente consensuado con los agentes sociales y las ONG', informa Miguel Ángel Marfull.

Las organizaciones critican que no se las consultara para la elaboración

Tres elementos presiden la política de inmigración del Gobierno, según prologó el propio Pérez Rubalcaba: 'Ordenarla vinculándola al mercado laboral, luchar contra la entrada irregular en el país y procurar la integración' estableciendo para los inmigrantes 'los mismos derechos y deberes' que tienen el resto de trabajadores.

Pero esa es precisamente una de las principales quejas de las entidades sociales, que el Gobierno le haya otorgado una 'visión utilitarista'. 'El reglamento debe ser un instrumento al servicio de una política integral en materia de inmigración' y no quedarse 'como una cuestión de control de fronteras y control de flujos', reza el manifiesto, que además sentencia: 'Los migrantes somos personas, no mercancías'. Desde la Secretaría de Estado de Inmigración declinaron hacer declaraciones.

El Ejecutivo señala que los que se vayan no perderán sus años trabajados

El ministro del Interior glosó además algunas novedades que recoge el texto y entre ellas destacó una: alienta el retorno voluntario, facilitando que la persona que decide regresar a su país al quedarse sin empleo 'no pierda' los años trabajados en España. Con la aplicación de la nueva norma, los derechos adquiridos 'contabilizarán a todos los efectos' si decide regresar en un futuro. 'No es justo que esa gente que ha ayudado al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca lo que ha estado haciendo y se le equipare con aquellos que vienen por primera vez', explicó Pérez Rubalcaba.

El reglamento, además, extiende la protección a las inmigrantes que sufran violencia de género aunque se encuentren en situación irregular en España. El objetivo, según señaló el titular de Interior, es 'que no tengan miedo a acudir a la comisaría a denunciar pensando que les va a suponer la expulsión. Ya no ocurría en la práctica, ahora una norma lo va a impedir; se para el expediente de expulsión y se le da el tratamiento que corresponda', señaló.

Pero los firmantes del manifiesto tienen otra visión sobre los parabienes de la norma, que ya han transmitido tanto al Ministerio de Trabajo e Inmigración como a los grupos parlamentarios. La principal petición se centra en que se regularice a todas las personas que no tienen papeles y también que desaparezcan los centros de internamiento. 'Es decir, que no se proteja sólo al inmigrante cualificado, sino también a los más vulnerables', afirman los afectados.

Los activistas piden que no se imponga la exigencia de un contrato de un año

En este sentido, el reglamento deja fuera uno de los puntos más polémicos con la inmigración: las redadas. Los firmantes del manifiesto piden la prohibición expresa de las identificaciones policiales que tienen lugar en lugares públicos.

Las organizaciones también señalan que con el nuevo reglamento aumentan y se hacen más complejos los trámites burocráticos. 'El reglamento introduce conceptos jurídicos indeterminados, como el esfuerzo de integración, que van a desencadenar en una arbitrariedad brutal en la administración', alertó desde SOS Racismo Lluc Sánchez; 'es injusto, penaliza a la población más vulnerable y va a suponer problemas en la aplicación', agregó. Víctor Sáez, portavoz de Ferine, señaló por su parte que la norma 'en lugar de avanzar en garantías lo hace en recortes'.

Uno de los puntos más criticados por las asociaciones es el de las condiciones para conseguir el arraigo. 'Se pide que el inmigrante tenga un contrato de un año de duración, y eso ahora no lo puede garantizar nadie, ni el de fuera ni el de dentro', denunció desde Cedehu Clara Redal. Por ello, el reglamento debe contemplar, a juicio de la Red por el Derecho a Tener Derechos, 'que no se imponga como condición para la regularización vía arraigo la exigencia de un contrato'.

Además, el reglamento deja escrita la posibilidad de modificar las condiciones exigidas para ese arraigo mediante una orden ministerial. 'Encima, van a poder cambiar esas condiciones cuando quieran', arremete Redal.

Respecto a estas condiciones, el Ejecutivo ha cambiado en este último borrador del reglamento la exigencia del 'conocimiento' de las lenguas oficiales para los extranjeros que tengan que renovar sus permisos de residencia por el 'aprendizaje', valorando el esfuerzo en lugar de los resultados obtenidos.