Más cerca de la supresión de los anuncios de prostitución en prensa

"Los anuncios de prostitución en prensa deben eliminarse". Así de tajante ha respondido José Luis Rodríguez Zapatero al diputado de UPN, Carlos Salvador, que ya se ha convertido en la voz parlamentaria contra los anuncios de prostitución en los medios de comunicación generalistas.

De la segunda jornada de debate sobre el estado de la nación ha surgido la reactivación de un debate que lleva fraguándose desde 2007, cuando una comisión parlamentaria mixta Congreso-Senado emitió un informe que ya abogaba por la prohibición de estos denigrantes anuncios de la prensa, aunque dejó la puerta abierta a la autorregulación de los medios. El tiempo ha demostrado que los intereses económicos priman sobre las consideraciones éticas, y esa petición de autorregulación no ha dado ningún resultado. El Gobierno, no obstante, se mueve con pies de plomo. Lo último que desea en este momento de debilidad política es cabrear a los diarios más influyentes del Estado.

Por eso el jueves, el presidente se limitó a detallar las actuaciones que su Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, está llevando a cabo para erradicar ese tipo de publicidad. Adoptará una decisión en función de lo que dicte el Consejo de Estado, donde descansa desde hace ya dos meses la solicitud del departamento de Bibiana Aído para saber si el Gobierno puede prohibirlos o si sólo puede convencer a los editores de que dejen de aceptar los ingresos publicitarios (pingües) que reporta la citada publicidad.

La última palabra la dirá Miguel Herrero de Miñón, letrado del Consejo de Estado que dirige personalmente el informe jurídico solicitado por Igualdad, y que espera tenerlo listo en septiembre. Hasta entonces, el Gobierno se mantiene a la espera y aguanta las presiones de los editores que se niegan a perder los ingresos que les aporta la prostitución.Varios expertos jurídicos consideran que ya hay legislación suficiente para prohibir determinados contenidos en los medios aunque el objeto publicitado sea legal. Basta con aplicar a los anuncios de prostitución las mismas restricciones que tiene la publicidad del alcohol y el tabaco para que desaparezcan de los periódicos.

Los diarios que insertan anuncios de prostitución participan en un negocio que esconde la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esas mafias (hace pocas semanas fue desarticulada una que comerciaba con chicas chinas) dominan un negocio que mueve en España 15.000 millones de euros anuales y mantiene esclavizadas a unas 400.000 mujeres. Los anuncios de prostitución reportan a los diarios 40 millones de euros de ingresos anuales, de los que el Grupo Vocento (ABC más 11 cabeceras regionales), El País y El Mundo se llevan la mayor parte.

Público no admite anuncios de prostitución desde su nacimiento en septiembre de 2007. El gratuito 20Minutos, tampoco. La Razón acaba de sumarse retirando los suyos, para cumplir la exigencia que le hizo el diario vaticano L'Osservatore Romano, con el que tiene suscrito un acuerdo de colaboración.

Por primera vez desde que cerró aquella comisión parlamentaria de 2007, hay consenso político (unanimidad parlamentaria) para erradicar los mal llamados contactos de la prensa (mal llamada) seria. Quizá el otoño traiga una buena noticia para la dignidad de las mujeres y una pésima nueva para las mafias de trata. Quizá los partidos que gobiernan el Estado (en la Moncloa y en las autonomías) se atrevan a plantar cara a los editores y cerrar una puerta a los traficantes de mujeres. Ojalá.