Con un rosario de delitos de presunta corrupción en su haber y bajo una petición de pena de ocho años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación, el expresident del Govern balear Jaume Matas se sentará hoy por primera vez en el banquillo de los acusados. Lo hará en el marco de la primera pieza que va a juicio de las 26 que integran el caso Palma Arena, la misma causa que mantiene bajo la lupa judicial al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por las irregularidades en las que habría incurrido durante su gestión al frente del Instituto Nóos.

Muy lejos quedan ya los tiempos en los que Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno, le colmaba de elogios: 'Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros hicisteis en Balears', declaraba el actual inquilino de la Moncloa sobre Matas en el año 2004.

El redactor de sus discursos habría percibido hasta 483.000 euros

Esta situación convierte al exlíder del Partido Popular balear en el tercer exministro que será juzgado, después de que ya rindieran cuentas ante la Justicia José Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey y José Luis Corcuera por el llamado caso de los fondos reservados, además del segundo que podría ingresar en prisión Barrionuevo cumplió tres meses de cárcel de los diez años a los que fue condenado.

Durante un juicio que previ-siblemente se alargará hasta finales de mes y en el que la expectación mediática estará servida hay acreditados un total de 130 periodistas de ámbito nacional y regional, Matas, sobre quien pesa una fianza penal de dos millones y medio de euros cantidad a la que fue rebajada la caución de tres millones que el juez decretó contra él, deberá defen-derse de unas acusaciones que se centran en la presunta trama urdida para beneficiar de forma arbitraria e ilegal al periodista que redactaba sus discursos, Antonio Alemany, quien habría percibido de este modo hasta un total de 483.000 euros públicos.

Se trata de unos hechos de los que, sin embargo, el exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar no es el único acusado, ya que junto a él se sentarán en el banquillo el propio articulista, el ex jefe de prensa de Matas, Joan Martorell; su ex jefa de Gabinete Maria Umbert; la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Vicepresidencia Dulce Linares y el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero.

La investigación judicial está en el origen del caso Urdangarin'

Y es que, tal y como sostienen la Fiscalía y la acusación particular en nombre de la comunidad autónoma que solicita las mismas penas que el Ministerio Público, todos ellos pactaron beneficiar a Alemany después de que este acudiese a Matas para reclamar una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas desde antes de que fuera presidente, lo que presuntamente 'adornaron con las formalidades legales necesarias' dirigidas a maquillar la contratación encubierta del articulista.

Una actuación a la que se sumaría la crítica y el clima favorable que Alemany generó durante toda esa legislatura (2003-2007) con el objetivo de 'ensalzar la actividad política de Matas' en los medios de comunicación en los que colaboraba, según las acusaciones, que aseveran en sus respectivos escritos de calificación que la intención del periodista era no aparecer públicamente como autor de los discursos y percibir por ello subvenciones públicas que obtendría a través de sus empresas periodísticas, todo ello 'con el pleno conocimiento por parte de Matas'.

De hecho, una de las acusaciones que pesan sobre el perio-dista fue la creación ad hoc de la que llamó Agencia Balear de Noticias (ABN), medio que habría puesto en marcha de forma expresa para poder optar a una subvención de 449.734 euros del Govern balear y que hizo servir además para impulsar un periódico digital Libertad Balear afín a la actuación del PP.

De forma tajante se refiere a ello la Fiscalía, que postula que tras todo este entramado 'lo que se ocultaba no era más que utilizar fondos públicos para un fin puramente particular: la creación y desarrollo de una actividad mercantil que beneficiase económicamente a Alemany a la vez que le suponía a Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal.

De forma paralela, las acusaciones hacen referencia a un contrato menor por 11.550 euros que el ex jefe de prensa de Matas cursó en favor de Alemany para la elaboración de entrevistas y reportajes destinados a su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un importe que habría sido adjudicado a la empresa Consultores de Información de Baleares, pese a no existir constancia de que estos trabajos hubiesen sido finalmente realizados.

En concreto, además de las penas solicitadas para el expresident balear, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau piden cinco años y medio de cárcel para Alemany; cuatro y medio para el responsable de la Nimbus, que habría servido de tapadera para maquillar la contratación del periodista; dos años para el ex jefe de prensa de Matas; un año y medio para la ex alto cargo de Vicepresidencia, y un año y tres meses para la ex jefa de Gabinete de Matas.

Se da la circunstancia de que el juicio coincidirá con la subas-ta pública prevista para el 25 de enero de las tres fincas con las que el ex máximo mandatario balear garantizó el préstamo que el Banco de Valencia le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le impuso el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, y cuyo pago le permitió eludir el ingreso en prisión. Entre los bienes que saldrán a puja se encuentra la principal vivienda que Matas posee en el centro histórico de Palma, popularmente conocida como el palacete.

Sobre Matas pesa asimismo una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que el magistrado decretó contra él dentro de la pieza que investiga la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava para realizar el anteproyecto de la Ópera de Palma, que costó 1,2 millones de euros a las arcas del Ejecutivo autonómico. Un proyecto que finalmente no llegó a ejecutarse debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.