"Me dijeron abiertamente que no me iban a ayudar"

Su historial evidencia que no puede ser madre. Es la tercera vez que se ha quedado embarazada sin desearlo: sin recursos, sin pareja. Con un lastre de problemas mentales que la llevaron en el pasado a la bulimia, a tomar "tropecientas" pastillas y a "ser drogadicta". Imposible así tener un bebé a su cargo, justifica.

Aún así, los profesionales de la sanidad pública con que topó se empeñaron en que esta madrileña, que quiere mantenerse en el anonimato, no abortara. Afortunadamente, relata, acabó en la clínica El Bosque, en Madrid, donde sus responsables tramitaron y le realizaron la interrupción del embarazo.

El periplo de esta mujer demuestra cómo, cinco meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, interrumpir un embarazo depende de la autonomía en la que se viva y de la ideología de los profesionales sanitarios.

La psicóloga llamó a una asociación provida de ayuda a madres solteras

"Hace muchísimos años que tengo problemas. Aborté a los 23 años y a los 31. Ahora, con 39, me he vuelto a quedar embarazada", lamenta a Público la mujer. "La primera vez, era bulímica y la segunda recibía tratamiento psicológico. Entonces pude abortar, mi psiquiatra me lo gestionó en ambas ocasiones por la seguridad social", relata.

Desde el pasado mes de noviembre, la mujer está en tratamiento psiquiátrico. "Era drogadicta. Tuve una relación terrorífica, sufrí malos tratos y le acabé dejando hace poco más de un año", explica.

Hace unos meses le diagnosticaron un trastorno de personalidad. Empezó acudiendo a terapia de grupo y recibiendo asistencia de una psiquiatra. Las pastillas mejoraron su ánimo, le apetecía salir más. "Lo malo es que me he vuelto de pronto muy promiscua...". Lo cuenta arrepentida. En una de esas noches locas se rompió el condón. Confiaba en que no hubiera consecuencias que lamentar, ya tiene 39 años..., explica. Pero sí hubo embarazo.

Tuvo un retraso de una semana, entonces acudió al médico. Los análisis dieron positivo: estaba embarazada de cinco semanas. "No me siento responsable, tengo ansiedad... Además, me medico, el niño podría sufrir malformaciones", justifica. Esa misma justificación es la que dio a su médico de cabecera. El facultativo le tramitó una cita con una asistente social para una semana después. "Así de ágil", se queja.

"No me siento responsable para tener un niño", dice la afectada

Entonces, la mujer relató su quebradero de cabeza a la psiquiatra y la psicóloga que la tratan en un centro sanitario público. "Me dijeron, abiertamente, que con el aborto no me iban a ayudar", denuncia. Al contrario, la psiquiatra llamó a una asociación provida de ayuda a las madres solteras para que se reunieran con ella. "Querían convencerme, pero ¿cómo iba a seguir con el embarazo, en mis circunstancias?", dice. No tenía dinero para acudir por su cuenta a una clínica privada y tampoco obtenía de los sanitarios de la red pública el supuesto apoyo. Afortunadamente, una amiga le habló de un centro de planificación familiar, donde le remitieron a la clínica El Bosque. Allí, sus responsables resolvieron el problema en una semana.

Si bien la Ley del Aborto establece que la mujer debe recibir un sobre con las alternativas al aborto para que reflexione durante tres días, es ella quien decide.

Más allá de este caso, la ley falla en otros aspectos, denuncia la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). "El poder que se otorga a las autonomías en la gestión hace que cada una desarrolle su propia ley", señala una portavoz.

Algunas, como Andalucía, que ya tenía un sistema de concertación, funcionan mejor. Otras, como Asturias, están estableciendo las bases para que no haya problema en el acceso: la mujer va con la tarjeta sanitaria a la clínica y se le paga y es previsible que se establezca un modelo de concertación. Madrid y Catalunya son las que peor se han adaptado a la ley. En Madrid, los tiempos de espera siguen siendo insuficientes y el sobre es un panfleto provida.