Las menores de 16 y 17 años que quieran abortar deberán 'acreditar' ante el médico que han informado a sus padres. Así lo ha decidido el Gobierno que en Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que desarrollan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que entrará en vigor el próximo 5 de julio.

Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, una de las normas aprobadas 'regula el deber de las jóvenes de 16 a 17 años que decidan interrumpir su embarazo, de informar a sus padres o representantes legales y acreditar esa información cuando acudan a un centro con el deseo o la intención de solicitar una interrupción de su embarazo'.

Asimismo, el desarrollo de la ley señala que los abortos se practicarán en la red sanitaria pública o los centros acreditados y vinculados a la misma y aclara que si un centro público no puede atender 'a tiempo' una solicitud de interrupción de embarazo de una mujer, reconocerá el derecho de ésta a acudir 'a cualquier centro acreditado'.

Estos reales decretos han regulado asimismo, 'la naturaleza, composición y funcionamiento del comité clínico encargado de constatar la existencia o no de enfermedades previamente diagnosticadas' y la información previa al consentimiento de la mujer, 'que se realizará en tres fases', conforme adelantó De la Vega.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) denuncia que el Gobierno no ha establecido en su desarrollo reglamentario los 'mecanismos mínimos' para realizar la intervención.

Lamentan, en un comunicado, que el 'espíritu' de la reforma legislativa se ha visto 'minado' por los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros. Dudan de que las Consejerías de Sanidad de todas las Comunidades consigan elaborar el contenido, editar el material y distribuir la información de carácter obligatorio que se entregará a las mujeres antes de abortar, 'cuando tan sólo falta una semana para la puesta en vigor de la Ley'.En consecuencia, añade, 'la mujer no podrá interrumpir su gestación por voluntad propia hasta la semana 14, vulnerando así uno de los principios fundamentales de la Ley'.

Las clínicas denuncian que no se ha establecido ningún acuerdo ni concierto de derivación entre las Consejerías de las respectivas Comunidades y los centros acreditados, lo que significa que 'no se han establecido los cauces que la mujer ha de seguir para poder acceder a la prestación de manera gratuita y en condiciones de equidad'. Los centros tampoco podrán garantizar la confidencialidad de las afectadas, ya que el Ministerio de Sanidad no ha estipulado un sistema de codificación alternativo.

Por último, denuncian que el nuevo modelo exigido de consentimiento informado no ha sido aún facilitado a los centros 'abriendo con ello un nuevo agujero jurídico'.

La fecha prevista para la entrada en vigo de la norma es el próximo 5 de julio.