Atender a los familiares de los fusilados republicanos que exigen al Gobierno la devolución de los restos de sus antepasados enterrados en el Valle de los Caídos sin su conocimiento puede ser más sencillo de lo que parece. Existe la documentación necesaria, el marco legal preciso e, incluso, un precedente exitoso de exhumación de 133 cuerpos en 1980 que dejan la operación de rescate a la "mera voluntad política" del Gobierno, tal y como describen los solicitantes. Tan sólo hay un inconveniente para el Ejecutivo, según interpreta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva: "El Gobierno sabe que si salen los republicanos, detrás se debe ir Franco".

1. las pruebas. Registro de exhumación

Los benedictinos registraron el lugar exacto de cada cuerpo inhumado

En 1959, concluyó la costosa obra deseada por Franco en el valle de Cuelgamuros. Estaba dispuesta para su inauguración pero faltaba lo más importante: rellenar las criptas que albergarían a "las víctimas de la cruzada", como reza su decreto fundacional. El Gobierno franquista movilizó a todo el Estado en busca de sus víctimas y envió circulares a cada provincia en busca de las fosas de la Guerra Civil.

Los vencedores, a través de los gobernadores civiles, empezaron por sus muertos, pero tuvieron un revés importante en la fosa más emblemática de los golpistas. La hermandad de víctimas de Paracuellos del Jarama se negó al traslado a Cuelgamuros. Las dificultades llevaron a los franquistas a robar los cuerpos de las fosas de republicanos sin avisar a las familias. Cada exhumación, cada listado, cada fecha y cada depósito en el valle quedó por escrito, según ha comprobado Público en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.

Familiares rescataron más de un centenar de cuerpos en 1980

2. situación exacta. El listado de entrada

Los benedictinos registraron en un libro de difuntos hasta 1985 (cuando se interrumpieron los enterramientos que las familias podían solicitar voluntariamente) cada cuerpo que entraba en las criptas y la ubicación exacta de la urna-columbario. "Mi padre está junto a otros seis paisanos, entre ellos una mujer, de Pajares de Adaja en la caja 198, situada en la cripta derecha, piso 1º, detrás de la capilla del Sepulcro. Fue asesinado el 20 de agosto de 1936 en las inmediaciones de Aldeaseca, exhumado el 1 de marzo de 1959 por una comitiva oficial y trasladado al Valle de los Caídos el 23, una semana antes de la inauguración", describe Fausto Canales, tras la documentación que solicitó a Patrimonio Nacional y contrastó con los registros de la abadía benedictina.

Falange se querella contra el Gobierno por inspeccionar los restos del Valle

Canales comprobó en el año 2003 que su padre había sido llevado a Cuelgamuros cuando encontró vacío el pozo en el que había sido enterrado junto con sus compañeros de paredón. "No me conformo con sacar a mi padre. Ahora es el momento de que todas las personas que tengan un familiar allí, lo sepan y se les ofrezca la posibilidad de sacarlo", razona.

3. el precedente. 133 cuerpos en 1980

Una comisión de familiares de fusilados en Navarra creada en 1979 consiguió separar a sus muertos de las tumbas de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Con la ayuda del historiador Javier Tusell presionaron al Gobierno para entrar en las criptas para recuperar los restos. Amenazaron al Ejecutivo con contar todo a la prensa. Un listado archivado en Alcalá de Henares con el encabezamiento Relación alfabética de pueblos, con indicación de la persona que los representa, que tienen restos mortales inhumados en el Valle de los Caídos da cuenta del precedente de exhumación de 133 cuerpos que se produjo en febrero de 1980.

4. Amparo judicial. Pendiente de Garzón

Las familias que solicitan la exhumación acudieron en 2008 al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para buscar a sus familiares, después de que el Gobierno no les facilitara el acceso por vía administrativa. El caso acabó en un juzgado de San Lorenzo de El Escorial, que determinó que la competencia correspondía al juzgado de Garzón. Por lo tanto, creó un debate de competencia que está pendiente de resolución en Tribunal Supremo. Esta resolución está pendiente del caso abierto en el mismo tribunal al magistrado por prevaricación.

Uno de los denunciantes del juez, Falange, anunció ayer que se querellará contra el Gobierno por comprobar in situ junto a familiares de víctimas el pasado mes de septiembre el estado de los restos. "Si hubiera de verdad un fiscal general no político en este país, se dedicaría inmediatamente a meter hoy mismo en la cárcel a quienes han osado profanar de manera ilegal unos osarios", argumentó el jefe nacional de Falange, Manuel Andrino. En la misma línea, el PP pidió la comparecencia en el Congreso de María Teresa Fernández de la Vega por la inspección que el Gobierno, "sin cobertura legal", ha iniciado en Cuelgamuros