La era Moliner en el CGPJ empieza con dos comunicados contradictorios

La elección de Gonzalo Moliner al frente del Consejo General del Poder Judicial no parece haber cerrado las heridas abiertas en el seno de la institución en la anterior etapa, que culminó con la dimisión de Carlos Divar por el caso de sus viajes. Minutos después de su designación, los vocales de Jueces para la Democracia Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán se apresuraban a emitir un comunicado de prensa en el que decían que antes de la elección de Moliner, el Pleno del Consejo había acordado un programa de trabajo para el año y pocos meses que durará el mandato del nuevo presidente, y subrayaban además que el candidato se había comprometido a llevarlo a cabo. Este programa suponía un expreso enfrentamiento con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Pasadas las 16 horas, el Consejo General del Poder Judicial emitía otro comunicado, en este caso oficial de la institución, que desmentía a los tres vocales y precisaba que el único punto del orden del día del Pleno de hoy, como el de los celebrados los días 10 y 11 de julio del que era continuación, era la elección de presidente. "Ni en las reuniones mantenidas durante la semana pasada ni en la reanudación de hoy se ha acordado programa de trabajo alguno y, en consecuencia, no se ha exigido al candidato elegido para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial ningún compromiso previo", dice el comunicado oficial, que rechaza de esa manera expresamente lo dicho por los tres vocales progresistas citados.

En el comunicado de los tres vocales, se destacaba como programa aprobado por el Consejo, y asumido por Moliner, cuatro puntos que comenzaban con la defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial y de su órgano de gobieno "como garante último del sistema democrático, especialmente en estos momentos de ataque brutal a dichos valores por parte del titular del Ministerio de Justicia". Otro punto del plan era asegurar la convocatoria de oposiciones como garantía de crecimiento de la carrera judicial y de pervivencia de la Escuela Judicial.

En tercer lugar, Moliner se habría comprometido --según estos tres vocales, pero no según la institución-- a impulsar reformas legislativas que culminen con la modernización de la justicia y de las leyes procesales, en particular la Ley de tribunales de instancia y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, el programa perseguía dignificar y difundir el esfuerzo de los jueces, mejorando su imagen ante la ciudadanía, para regenerar la confianza de la sociedad en el servicio público de la justicia.

Los tres vocales subrayaban el "absoluto consenso" respecto al mérito y la capacidad del magistrado progresista Moliner para presidir el Consejo, finalizando así con la etapa de interinidad en su presidencia provocada por la dimisión de Dívar. Sin embargo, el candidato inicial de estos tres consejeros era el magistrado conservador José Ramón Ferrándiz, que habían acordado con los cinco vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura.

La candidatura de Moliner fue propuesta por el presidente en funciones del Consejo, Fernando de Rosa, y por el vocal Miguel Carmona, también de Jueces para la Democracia. Algunas fuentes del Consejo señalaron que su nombramiento, realizado en votación secreta, fue apoyado por los vocales considerados próximos al Ministro Gallardón, que son, además de De Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero; junto a un grupo de los propuestos por el PSOE: Gabriela Bravo, Almudena Lastra, Manuel Torres Vela, José Manuel Gómez Benítez, Carles Cruz y Carmona; y los vocales de CIU y PNV Ramón Camp y Margarita Uría. Los cinco vocales de la APM habrían votado en contra y los tres firmantes del comunicado, en blanco. Por ello, entienden que la elección ha supuesto una derrota de la alianza no escrita en materia de nombramientos seguida por los vocales de la APM, a cuyo frente sitúan a Manuel Almenar, y el grupo liderado por Robles.

 Sin embargo, alguno de los tres firmantes del comunicado aseguraron haber apoyado a Moliner, además de a Ferrándiz en la votación en la que éste no alcanzó respaldos suficientes. Las dos votaciones fueron separadas. En todo caso, la etapa de Moliner se ha iniciado con una seria división en el Consejo, al menos en la interpretación de lo que se debate y acuerda en el Pleno de la institución, su órgano más importante. Unos enfrentamientos que también marcaron la etapa de Carlos Dívar.