Multado un diputado por no declarar ante Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha multado con 200 euros al diputado de ICV Salvador Milá por no haber comparecido ante él, el miércoles, cuando se desplazó a Barcelona para tomar declaración como testigos a los diputados que considera perjudicados por el acoso sufrido por un grupo de exaltados en el acceso al Parlament de Catalunya el pasado 15 de junio.

En su providencia, el magistrado, además de imponer la multa, advierte a Salvador Milá que deberá comparecer el próximo 23 de diciembre en la secretaría del Juzgado Central de Instrucción número 6. En caso de que no comparezca, le amenaza con detenerle como "reo de un delito del artículo 463.1 del Código Penal".

IA se ha querellado contra el juez por anular la citación de un testigo

Lo curioso es que ese texto castiga con hasta seis meses de prisión o multa de hasta 24 meses al que, "citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral".

Ninguna de esas circunstancias se dan en este caso. Ninguno de la veintena de imputados está en la cárcel y la instrucción está comenzando, por lo que la Audiencia Nacional no se ha obligado a suspender una vista oral.

El magistrado está acusado de benefici presuntamente a un golpista venezolano

Pero es que, además, se suponía que los diputados catalanes que debían comparecer ante el juez lo hacían como perjudicados de los hechos investigados. De ahí que cuando menos sea paradójico que terminen siendo multados y hasta detenidos.

El otro diputado de ICV citado era Joan Boada, quien sí justificó su incomparecencia, aunque comparte la postura de su compañero de partido. En su caso, el juez le ha pedido que señale cinco días en este mes y en enero para desplazarse a la Audiencia Nacional a declarar.

Pero es que ninguno de ellos se considera perjudicado por el acoso sufrido por los diputados catalanes por un grupo de exaltados y no desea participar en un procedimiento que entienden "político" y que fue abierto a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias para criminalizar el 15-M.

Se da la circunstancia de que Izquierda Anticapitalista ha presentado una querella contra este magistrado por prevaricación, al entender que benefició a un reclamado por Venezuela por participar en el golpe de Estado de abril de 2002, al anular la citación que él mismo había acordado para evitar que fuera arrestado a su llegada a España.