Multas de 3.000 euros por una viñeta cómica

El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, condenó ayer a los humoristas gráficos colaboradores del seminario satírico El Jueves Manel Fontdevilla y Guillermo Torres a sendas multas de 3.000 euros, como coautores de un delito de injurias al príncipe heredero, por la viñeta que el pasado mes de julio hicieron de los príncipes de Asturias, con motivo de la decisión del Gobierno de entregar un cheque de 2.500 euros a las familias que tuvieran un hijo.

Al términar el juicio, el titular del Juzgado Central de lo Penal decidió adelantar verbalmente el fallo de la sentencia que redactará.

El magistrado entiende que la portada de la revista, cuyo secuestro fue acordado el pasado 20 de julio por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, es "objetivamente injuriosa" y no puede ampararse en la libertad de expresión, porque no cumple los requisitos recogidos en la doctrina de "idoneidad, proporcionalidad y necesidad". Según el juez, el texto y el dibujo eran prescindibles para criticar una decisión del Gobierno. 

No obstante, Vázquez Honrubia optó por una multa inferior a la solicitada por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que solicitaba 3.600 euros en su petición inicial y acabó reclamando 6.000, para evitar que el delito penal "acabe resultando beneficioso" para su autor.

Cumbre iberoamericana

El representante del Ministerio Público explicó el aumento de su petición de multa en que considera "relevante" transmitir el mensaje de lo que sucede cuando "se transgrede el terreno al no se debe llegar".
Destacó que "no se estaba atacando a la Corona", porque los dos acusados admitieron que tenían el encargo de criticar el cheque-bebé, "con la gravedad que conlleva que quien representa a España en el mundo se vea así tratado".

En este sentido, se preguntó qué pasaría "si en Venezuela se produjeran manifestaciones similares" contra la familia real, tras el rifirrafe que el rey mantuvo en la cumbre iberoamericana con el presidente de dicho país, Hugo Chávez.

"No está en juego el honor personal, sino la autoridad" de una institución, lo que "acaba por desprestigiar a la propia nación", agregó Carballo.

Por su parte, el abogado defensor, Jordi Plana, comenzó su intervención explicando que un Estado de Derecho se diferencia de otros sistemas en que "las instituciones están sometidas al Derecho" y a la crítica. Como ejemplo de otras "situaciones difamantes", sin consecuencias penales, durante su intervención mostró sobre el estrado un caganer -figura típica del belén catalán- del presidente del Gobierno y del rey. El magistrado las rechazó como prueba.

Plana se quejó de tener la sensación de que el proceso se instruyó según "estándares" que no había visto "en sus 30 años de profesión", por un recurso suyo no tramitado -por el que al principio de la vista pidió en vano la nulidad de lo actuado-, y por la no admisión de las pruebas que proponía, para las que, "como hombre de mucha fe", según le comentó el juez, citó en la Audiencia Nacional a los catedráticos Javier Sádaba y Gonzalo Abril.

El abogado argumentó que el fiscal partía de "una base equivocada", porque "la caricatura no es un espejo de la realidad", al no "ser una fotografía del príncipe con su pareja, sino un dibujo que ni roba ni mata ni extorsiona".

Se trata, dijo , de "una representación metafórica" , que el Ministerio Público considera que atenta contra el honor de la corona, sin aportar dato alguno sobre el daño producido.

"No sabemos qué hace aquí: la misma jurisdicción que persigue a un dinamitero, juzga a dibujantes", aseveró