Los municipios andaluces son los que más tarde pagan

Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), dice que, en España, los ayuntamientos “cuanto más al sur están peor pagan”. Son los clientes de sus asociados, cuyos 16.000 empleados trabajan en más de 350 zonas verdes repartidas por todo el país. La Ley de Contratos del Sector Público establece que las administraciones deben pagar a 90 días, pero la media en su sector, según Sigüenza, “anda ya entre los 180 y 210 días”.

La Administración central es mala pagadora, las autonomías son peores y los ayuntamientos, un desastre. “La media de demora era de siete meses, pero desde el verano ha subido a nueve”, explica Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), cuyos asociados trabajan con 3.500 municipios repartidos por toda España. Según sus estadísticas, tienen el 65% de sus facturas pendientes de cobro, lo que supone 2.100 millones.

Claro que no todos los ayuntamientos son iguales. Los del País Vasco y Navarra, dice, “pagan puntuales”, mientras que Madrid “tarda algo más de cuatro meses, no así los de su corona metropolitana, que tardan mucho más”. Pero asegura que los ayuntamientos andaluces se llevan la palma: “Son los peores, tardan una media de 16 meses. Y esa es la media, los hay que tardan tres y cuatro años en pagar”.

La crisis ha agravado la morosidad en dos sentidos. Por un lado, al aumentar el retraso en los pagos; por otro, porque los bancos ya no descuentan el papel de los ayuntamientos y comunidades. “Ha habido entidades financieras que han rechazado pagarés de la Junta”, asegura a Público el consejero de Innovación, Francisco Vallejo. Hasta ahora, el empresario sabía que tardaría en cobrar, pero podía acudir a un banco o caja para que le adelantasen el dinero a cambio de un descuento. Al romperse este trámite, las empresas se encuentran abocadas a la ruina al carecer de efectivo.

Por eso, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) solicitan al Gobierno medidas concretas para paliar los retrasos. Propone, por ejemplo, que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) proporcione avales comerciales que garanticen el pago. Una petición que desde Aseja también le han hecho llegar por carta al Gobierno. Pero ellos piden más: que se permita no pagar el IVA mientras no se cobre la factura girada a una administración y un procedimiento de compensación de deudas entre distintas administraciones.

¿Cuánto deben las administraciones a las empresas? Se maneja la cifra de 30.000 millones, pero nadie sabe de dónde sale. Sólo Aselip proporciona cifras exactas de su sector. “Estamos preguntando uno a uno a nuestros asociados”, dicen en la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (Seopan) y en la patronal de empresarios sevillanos (CES).