Ricardo Alanís dejó a su hija Mónica en la universidad el 28 de marzo de 2009. Es la última vez que la vio. Mónica Alanís Esparza asistió a sus clases de primer curso de Administración de Empresas en Ciudad Juárez. Pero nunca regresó a casa. Tenía 18 años.

Ella es una de las decenas de mujeres que desaparecen sistemáticamente cada año en esta urbe mexicana, situada justo en la frontera con los EEUU. Su madre, Olga Esparza, confía en que siga viva, pero hasta hoy no ha obtenido ninguna respuesta de las autoridades. "Quiero saber dónde está mi hija, quién se la llevó y que me la regresen", clama desconsolada.

«Quiero saber quién se llevó a mi hija», clama la madre de una desaparecida

Los expertos señalan que muchas de estas mujeres raptadas suelen ser víctimas de trata de personas, muy extendida en la región debido a que la situación de la misma, tan cerca de la frontera, facilita el tráfico. Pero desde 1993 hasta 2007, además de los centenares de desaparecidas, 553 mujeres fueron asesinadas en el estado de Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez, según los datos de la Fiscalía.

Desde 2008, cuando el Gobierno mexicano desplegó al Ejército para luchar contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, las desapariciones y los asesinatos de mujeres se han multiplicado exponencialmente. En los últimos tres años y medio, han asesinado a 903 mujeres más y otro centenar ha desaparecido. Además, la media de mujeres muertas en el año 2010 fue de una asesinada cada 20 horas.

En Chihuahua todavía permanecen impunes 1.455 crímenes

La gran mayoría de las víctimas responde a un perfil de mujer joven y de clase media baja, "que no tiene poder político ni económico y por tanto a nadie importa", como señala Norma Ledezma, una de las fundadoras de Justicia para nuestras Hijas. Ledezma es también una madre que se convirtió en activista después de perder a su hija, Paloma Escobar Ledezma.

Ella salió de la universidad la noche del 2 de marzo de 2002 y tampoco llegó a casa. Como Mónica, Paloma tenía 18 años. Veintisiete días después, encontraron su cadáver en un arroyo seco, cerca de la capital del estado de Chihua-hua. Norma, su madre, abandonó la maquila donde trabajaba para buscarla. Cuando apareció muerta, también quiso pedir responsabilidades.

Sin embargo, el crimen de su hija sigue impune, como permanecen los otros 1.455 homicidios de mujeres que se han sucedido en los últimos 18 años en una región que no llega a los 3,5 millones de habitantes. "No hay una persecución, ni un castigo en los responsables y por eso se siguen repitiendo los crímenes", explica Ledezma. Ante la falta de respuestas del Gobierno mexicano, el caso de su hija ha llegado recientemente hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

México ya fue condenado por feminicidio en la Corte Interamericana en 2009, por no encontrar culpables en el hallazgo de ocho cadáveres de mujeres, ocho años antes, en el Campo Algodonero, un terreno baldío en medio de Ciudad Juárez. El dictamen concluyó que el Gobierno infringe el derecho a la vida y el deber de no discriminación en el acceso a la justicia. También le obligó a tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, México parece hacer oídos sordos cuando se trata de la violencia hacia las mujeres. Porque, aunque el estado se vio obligado a implantar protocolos de actuación ante las denuncias de desaparición de mujeres, los homicidios siguen creciendo.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 18 de los 32 estados mexicanos asesinaron a 1.728 mujeres en menos de año y medio: de enero de 2009 a junio de 2010. Sólo en 40 de estos casos ha habido sentencias condenatorias. "El feminicidio es prácticamente una pandemia en Ciudad Juárez, pero también lo es en otros lugares de México como Oaxaca o el estado de México", explica Julia Monárrez, socióloga autora del libro Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez.

No en todas las regiones del país quedan impunes los asesinatos por violencia de género. De hecho, el Gobierno de la capital, México DF, aprobó recientemente una reforma del código penal en la que los crímenes contra las mujeres por razones de género quedan tipificados como feminicidios y suponen penas de entre 20 y 60 años de prisión para los agresores. Son feminicidios los asesinatos en los que el autor sea la pareja de la víctima, haya habido violencia sexual, lesiones degradantes, mutilaciones o amenazas previas.