El primer estudio de la Fundación Alternativas sobre el 15-M permite despejar algunas dudas sobre el carácter de la movilización. Quizá las más relevantes sean que la mayoría de los indignados buscan una reforma del sistema (no su ruptura) y que, lejos de ocultar su ideología, se declaran abiertamente de izquierdas. También resulta llamativo que el 56% admita que ha ido a votar el 22-M: es un porcentaje diez puntos inferior a la media, pero al mismo tiempo confirma que no se trata de ciudadanos que se sitúen en los márgenes del sistema.

La rebelión de los indignados parece tener una triple diana en el poder político, financiero y mediático. Hay que admitir que, de los tres, sólo la clase política ha iniciado una especie de autocrítica a partir del 15-M. Habrá quien diga que es puro cinismo o mero interés electoral, pero no se puede denunciar a alguien por una cosa y por su contraria. Si los políticos merecen reproches por haberse alejado de los ciudadanos y por primar el mero carácter formal de la democracia (el voto cada cuatro años), es de justicia alabar a quienes ahora están tratando de interpretar los gritos de indignación ciudadana para proponer los cambios y rectificaciones oportunas. Los periodistas haríamos bien si nos aplicáramos el cuento... y qué decir de los banqueros.

Por lo demás, los objetivos declarados del 15-M parecen impecables: lucha contra la corrupción, reforma electoral, limitación del poder de los mercados financieros y mejora de la democracia. Todo un programa de gobierno.