El número dos del PP canario ocultó que dirige una empresa bajo sospecha

Manuel Fernández González, número dos del PP canario y diputado autonómico, mintió a la juez que instruye el caso salmón, en el que está imputado por cohecho junto con su mentor y jefe de filas en el partido, el vicepresidente del archipiélago, José Manuel Soria. Fernández ocultó que en el momento de su interrogatorio judicial, el 26 de noviembre de 2008, ya era uno de los dos consejeros delegados mancomunados de Anfi Tauro SA, la promotora a la que el Cabildo de Gran Canaria habría dado un supuesto trato de favor después de que su propietario invitara a Soria a un viaje.

El nombramiento de Fernández se produjo el 2 de noviembre de 2006, pero no quedó inscrito hasta el 29 de marzo de 2007. Al día siguiente, y con los votos de Coalición Canaria y el PP, el pleno del Parlamento avaló el proyecto de Anfi para construir 1.682 plazas turísticas en  Mogán.  

Anfi había sorteado la moratoria turística vigente en las islas gracias a que, en 2005, el Cabildo de Gran Canaria, entonces presidido por José Manuel Soria, declaró su proyecto como de interés general. Ese era el único resquicio legal posible para que el proyecto llegara al Parlamento. Y Anfi, a la que Fernández González llevaba años vinculado profesionalmente, se coló por él.

Durante su comparecencia ante la jueza del Tribunal Superior de Canarias que investiga ese caso, Fernández fue interrogado sobre su relación con Anfi Tauro SA, uno de los satélites del grupo Anfi, fundado por el noruego Björn Lyng.

El fiscal fue conciso: ¿qué cargo ocupa Fernández en Anfi? Según el acta de la declaración, el dirigente del PP canario respondió que "el de asesor". Agregó que lo ha ocupado "prácticamente siempre y que fue miembro del consejo de administración".Y contó que había sido miembro del consejo de Anfi "en 2005, 2006 y 2007". En ningún momento mencionó su cargo actual, que puso en sus manos y en las del otro consejero delegado mancomunado "todas las facultades del consejo" salvo las indelegables.

El número dos del PP canario negó en declaraciones a Público que hubiera ocultado datos a la juez, y se aferró a que no recuerda exactamente en qué términos le formuló el fiscal la pregunta.  En esa misma comparecencia como imputado, Fernández admitió que, aun sin estar firmado, seguía "tácitamente vigente" un contrato de asesoramiento a Anfi redactado en diciembre de 2006 y por el que se comprometía a asesorar a la empresa en distintos campos a cambio de 48.000 euros. Entre sus funciones de asesor figuraba conseguir licencias urbanísticas. Fernáneez no es arquitecto ni aparejador ni abogado, sino ingeniero técnico industrial.

Pese a lo anterior, en su conversación con este periódico, el dirigente conservador remachó varias veces que ese contrato no existe en realidad porque "no lo necesitaba”. Siendo consejero, argumentó, para qué suscribir un contrato con su propia empresa. Según Fernández, la compañía le tiene asignados unos honorarios anuales de 48.000 euros, es decir, la misma cifra que consta en el contrato de asesoramiento. Pero sostiene que en los dos últimos ejercicios no ha cobrado porque no hay  fondos. ¿Nunca hizo gestiones en favor del proyecto de Anfi? "Nunca", dice.

En el caso salmón, la magistrada investiga si Anfi Tauro sobornó a cargos públicos -Soria y Fernández- para desbloquear su urbanización. Bajo la presidencia de José Manuel Soria, el Cabildo de Gran Canaria declaró de interés general el proyecto el 20 de octubre de 2005. Dos meses antes, e invitado por Björn Lyng, Soria había ido en viaje de placer a Noruega para pescar salmón.