Los obispos eligen a los profesores y el Estado paga

La falta de una regularización clara al respecto de la enseñanza de religión ha provocado la judicialización de cada conflicto laboral de estos profesores que son contratados por el arzobispado pero pagados por las consejerías de Educación. El conflicto más amplio lo ha llevado a cabo la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) con varias sentencias a su favor. Dos sentencias del Tribunal Supremo de mayo de 2009 obligaron a la Conferencia Episcopal a pagar la indemnización por despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado en los últimos años a favor de un grupo de profesores de religión que fueron expulsados de su puesto de trabajo por su participación en una huelga. "La conducta del obispado, que no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental, merece un reproche jurídico absoluto", concluyó uno de los fallos.

Los acuerdos del Estado con la Santa Sede de 1979, firmados después de la Constitución de 1978 pero negociados previamente, han amparado hasta ahora la arbitrariedad de los obispos a la hora de su política de contratación de profesores.

Los casos de los maestros despedidos en Canarias por el arzopispado de Tenerife obedecen a cuestiones sindicales, pero uno de los casos, el de María del Carmen Galayo, se debió a un problema moral porque "vivía en pecado", como recuerda el portavoz del Sindicato CCT, Rafael Ramírez. "Las profesoras de religión son ciudadanas de segunda categoría por ser juzgadas por su vida social", denuncia Ramírez.

13.000 maestros en la pública

Entre Primaria y Secundaria existe un cuerpo de profesores de 13.000 funcionarios, sin contar con los que trabajan en la escuela privada. Siempre han luchado por ser considerados profesores, no catequistas.

2.000 euros de sueldo neto

Los derechos laborales de estos profesores están regulados por la LOE desde 2007 al mismo nivel salarial que sus compañeros de centro. El sueldo neto ronda los 2.000 euros.

1979 pacto con la Santa Sede

El Tribunal Constitucional falló en 2007 en favor de estos acuerdos firmados tras la Constitución entre el Estado español y el Vaticano.