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Los obispos llaman a boicotear la futura Ley de Muerte Digna

La Conferencia Episcopal insiste en equipararla con la eutanasia

JESÚS BASTANTE

'Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas'. Los obispos realizaron ayer una rotunda llamada a la desobediencia civil ante la futura Ley de Muerte Digna que, en su opinión, 'deja las puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas'. Así lo recalcó el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, en la rueda de prensa en que hicieron pública su posición.

Pese a que hace apenas un mes el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, había declarado que 'no se puede hablar de ley de eutanasia', la Comisión Permanente del Episcopado enmendó la plana al cardenal de Madrid, quien se había comprometido con el Gobierno a no abrir ningún nuevo frente en las relaciones Iglesia-Estado antes de la visita del papa a España en agosto.

La jerarquía eclesiástica cree que la norma provocará 'graves homicidios'

El texto presentado ayer fue más allá, denunciando que la normativa, incluso, 'no tutela el derecho fundamental de libertad religiosa'. En opinión de la Conferencia Episcopal, 'la legalización de la eutanasia es inaceptable no sólo porque supondría la legitimación de un grave mal moral, sino también porque crearía una intolerable presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados () conduciría a verdaderos homicidios () e introduciría en las familias y las instituciones sanitarias la desconfianza y el temor ante la depreciación y la mercantilización de la vida humana'.

Pese al llamamiento a la desobediencia, los obispos negaron estar cuestionando la organización democrática de la vida pública. 'No estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social', añadieron. Sencillamente, 'las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana'.

'Hay conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal', sostiene la nota, que ejemplifica el abandono terapéutico, la sedación inadecuada o la falta del 'debido cuidado' como la alimentación o la hidratación. 'Permanece una ambigüedad de consecuencias morales y jurídicas graves al no definir en qué consisten esas medidas de soporte vital', añade el texto, que denuncia que no se reconozca la objeción de conciencia a los profesionales de la medicina.

Martínez Camino cuestiona la labor del Parlamento y las leyes 'injustas'

'Es una ley que hay que leer despacio. La intención laudable de la ley es no modificar la legalidad vigente, pero si se mira la ley sí que se abren la puertas a práctica eutanásicas', explicó Camino. El portavoz episcopal insistió en que 'el derecho a la vida de las personas enfermas es una realidad muy sensible para la sociedad.', por lo que 'no debería haber prisa para regular un asunto de tanta trascendencia'.

Camino mostró su confianza en que, haciendo pública ahora su valoración, contribuyen 'al necesario y pausado debate público sobre una cuestión de tanta relevancia', para ayudar a todos los ciudadanos 'a crearse un juicio ponderado'. Esto es: a incumplir la ley.

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