Obligados a limpiar el aire

El impacto de las sustancias contaminantes nocivas que pululan en el aire de las ciudades supone, cada año, 16.000 muertes prematuras sólo en España, según datos de la Comisión Europea. Una secuela terrible que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se habrá cuadruplicado en 2030 si no se hace nada para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, a pesar de terribles evidencias como esta, buena parte de las administraciones españolas ha hecho poco o nada para solucionar este grave problema de degradación del medio ambiente. Por lo menos, hasta ahora; tras varios sustos recibidos desde la Justicia, los ayuntamientos y las autonomías se han visto obligados a sentarse junto al Gobierno para comenzar a poner coto al problema a través del Plan Nacional de Calidad del Aire, que debe estar listo antes del verano.

Primero fue una decisión de la Comisión Europea que llevó a España ante el Tribunal de Luxemburgo, en noviembre de 2010, por no cumplir las directivas europeas sobre calidad del aire. Más adelante, en febrero de este año, la Fiscalía de Medio Ambiente anunció que mantenía abierta una macroinvestigación para comprobar si las grandes ciudades españolas estaban maquillando sus índices de contaminación.

Decisiones que se toman después de que en 2010 se incumplieran los valores límite para el dióxido de nitrógeno (NO2) y que desde 2005 se estén superando los de las partículas en suspensión PM10 (de hasta 10 micrometros de tamaño). De pronto, una boina de oscura polución se fijó durante varios días sobre Madrid y Barcelona y el debate saltó a las portadas de los periódicos.

Una reunión fructífera

En este contexto, la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, supo aprovechar la repentina oleada de interés desatada en los medios de comunicación para sentar a todas las administraciones a tratar el asunto. Tras algunas semanas de reproches cruzados y alguna salida de tono como cuando la delegada de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, dijo que "el paro asfixia más" que la polución, la ministra logró, a mediados de febrero, que todas las administraciones se levantaran de una reunión con la vista puesta en una hoja de ruta común. Un Plan Nacional que sobre todo obligará a implicarse a comunidades y municipios.

"Somos europeos y tenemos esa suerte. La Unión Euro-pea puso unos límites para preservar la calidad del aire. Y es esa presión la que nos mueve, la del Tribunal de Luxemburgo, la de la Fiscalía, porque no hay más remedio que cumplir la ley", resume el experto en contaminación urbana Xavier Querol. Desde su grupo en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC), llevan varios años preparando para el Ministerio de Medio Ambiente un documento de bases científicas para el desarrollo de planes para la mejora de calidad del aire. Su trabajo estará listo en breve, precisamente cuando más falta parece que hace.

Políticos y ciudadanos

"Exigimos demasiado a los políticos. Pero si ellos no han hecho nada es porque nosotros, los ciudadanos, tampoco les hemos apretado lo suficiente", razona Querol. Según la opinión de este investigador, se han logrado reducir las emisiones que genera la industria porque la ciudadanía sí se anima a reclamar "contra el humo blanco que sale de una chimenea". "Pero pedir que a uno mismo se le apliquen medidas incómodas es mucho más complicado", asegura Querol, en referencia a que la gran batalla pendiente es la del tráfico privado, en la que ayuntamientos y autonomías desempeñan un papel determinante.

Efectivamente, según los últimos datos proporcionados por Medio Ambiente, en el año 2010 las emisiones de gases de efecto invernadero de origen industrial se redujeron un 11,3% en España frente a 2009. Incluyendo el resto de emisiones no industriales, la reducción se queda en un 3,7%, una cifra escasa, en buena parte por culpa del frenazo de los coches.

Para desatascar la situación, el Gobierno acordó con las comunidades autónomas y con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) un proyecto para atacar "primero a lo que contamina más", en palabras de Rosa Aguilar. "El tráfico es un elemento clave, esencial y fundamental" de la contaminación de las ciudades españolas, señaló la ministra tras el encuentro con los consejeros autonómicos y los representantes de los alcaldes.

Para identificar qué hacer, el primer objetivo de las tres administraciones será el de repartir los esfuerzos en tres planes paralelos que hagan frente al trío de sustancias contaminantes más dañinas que se generan en las ciudades: PM10, NO2 y ozono. Ese apartado requerirá un compromiso real de transparencia por parte de las autoridades, que tendrán que dar información válida sobre lo que está ocurriendo en las ciudades españolas. Una promesa que será difícil de mantener si se tiene en cuenta lo ocurrido en los últimos tiempos. Aunque fue el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón el que concentró las críticas por mover las estaciones madrileñas que miden la polución, no es ni mucho menos el único.

"No es un problema de ahora ni es sólo cosa de Madrid; son muchas las ciudades que han hecho la triquiñuela de reubicar las estaciones que daban mediciones altas", denuncia el responsable de Contaminación de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, quien lamenta lo difícil que es "pillar" a los municipios. Su organización denuncia que durante la última década han sido 12 las ciudades que usaron esta práctica fraudulenta (Valencia, Córdoba, Granada, Oviedo, Madrid, Ávila, Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Salamanca y Zaragoza) siguiendo la estela de la pionera, Valladolid, cuyo regidor, Francisco Javier León de la Riva, comenzó a hacerlo en 2001.

Aunque muchas veces, esos trucos resultan inútiles, como recuerda Xavier Querol, ya que las mediciones del Ayuntamiento de Madrid siguieron ofreciendo mediciones por encima de los límites legales aún después de moverlas de sitio.

Y cuando se haya recogido suficiente información, según el programa definido por Aguilar, el Consejo de Ministros estará en condiciones de aprobar un plan para combatir la polución a principios del verano. Las medidas habrán de concretarse en función de los resultados de cada región, pero la mayoría ya se conocen. La principal, sacrificar los coches, esencialmente los más contaminantes. No obstante, el Ejecutivo ya ha dejado claro que no se usará la herramienta más básica para forzar a un cambio de hábitos: los impuestos. Así que autonomías y consistorios, que poseen las competencias referidas a tráfico y contaminación, tendrán que atreverse con medidas impopulares.

En todos los programas

"Ningún político puede permitirse el lujo de no hablar de medio ambiente; ya no lo pueden eludir", asegura el vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales, Eduardo Perero, con una importante experiencia desarrollando medidas locales para combatir la polución. En su asociación han realizado un análisis interno de las propuestas electorales que, frente a la contaminación, han incluido los partidos en sus programas. "Está en todas las agendas, pero al leer las iniciativas concretas, se ve claramente quién se lo toma en serio y quién lo hace para rellenar el programa", denuncia Perero.

Todos los expertos coinciden en que las medidas concretas, como cerrar al tráfico privado el centro de las urbes, serán inútiles si no se da una coordinación real entre administraciones. Hace falta voluntad real de ponerle fin al problema, reclaman. Frente a la cooperación queda una alternativa, como asegura Querol: "Si no queremos hacerlo, seamos sinceros, se lo decimos ya a la Comisión Europea y que nos multen ahora".

Ejemplos ambiciosos

A pesar de las malas notas globales, en España también hay iniciativas ambiciosas, y son cinco las comunidades autónomas que cuentan con planes de mejora de la calidad del aire reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente: Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja. Además, ciudades como Palma de Mallorca, Huelva, Bailén o Barcelona han aprobado planes de este tipo. El caso de la capital catalana es ejemplo de lo complejo de la aplicación de medidas contra la polución. La medida de limitar a 80 km/h la velocidad de entrada a Barcelona supuso que a lo largo del año 2009 se redujera un 13% las emisiones, algo así como retirar 22.100 coches de la carretera cada día. Pero a su llegada a la Generalitat, el nuevo equipo gobernante retiró la medida al considerarla poco efectiva.