La reacción de rebeldía a la Ley del Aborto no es el primer gesto en este sentido de algunas de las comunidades gobernadas por el PP. Pese a que el líder de los conservadores, Mariano Rajoy, presume de que en su formación existe 'un sólo discurso nacional. Y no 17', la realidad es distinta. Uno de los principales ejemplos es el del bloqueo al que la Comunitat Valenciana, Madrid o Murcia tienen sometida a la Ley de Dependencia. O el rechazo de estas tres comunidades a poner en marcha el plan Escuela 2.0. A continuación se repasan los principales boicoteos del PP a las leyes.

El último informe del Observatorio de la Dependencia sacaba los colores a Francisco Camps (Comunitat Valenciana), Esperanza Aguirre (Madrid) y Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Refiriéndose a las citadas comunidades, el documento se lamentaba de que 'apenas se registran avances en la implantación del sistema' y de que 'el número de solicitudes, valoraciones, dictámenes y prestaciones económicas y servicios que oferta de manera efectiva, así como sus compromisos económicos, están muy alejados de los resultados que ofrecen estos parámetros en el resto de comunidades'. A la hora de justificar los escasos avances de esta ley, estas regiones se amparan en la falta de financiación estatal.

Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana son las únicas autonomías que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para implantar el programa estatal Plan Escuela 2.0, que pretende que en cuatro años los alumnos a partir de 5º de Primaria tengan acceso a un portátil. Estas tres comunidades han perdido en total cerca de 30 millones de euros para poner en marcha el plan. A la hora de explicar su rechazo, han esgrimido una batería de motivos desde la escasa calidad de los portátiles hasta la posibilidad de que estos provoquen defectos visuales.

Una de las batallas más recientes entre Francisco Camps y el Gobierno central se ha librado por el barrio valenciano de El Cabanyal. Pese a existir una orden del Ministerio de Cultura en contra de la demolición de las casas integradas en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), el ayuntamiento ha sabido sortearla con un decreto ley en contra, al que después le siguió una ley. Este enfrentamiento ha acabado en los tribunales. En la Generalitat defienden que es Cultura quien ha invadido las competencias de la comunidad.

La nueva Ley del Tabaco prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya mostró hace tiempo sus recelos: 'Si de verdad se quiere hacer una ley antitabaco, que no se venda en los estancos', dijo el pasado enero.