Pacto educativo: las seis claves de un acuerdo necesario

La crisis ha revalorizado la necesidad de un gran pacto político por la educación. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, llegó en abril al cargo con ese objetivo. "Hay que pensar en generaciones, no en elecciones", advirtió. Gobierna sobre una ley, la LOE (Ley Orgánica de Educación), creada por su antecesora, Mercedes Cabrera, cuya falta de consenso con el PP lastró su gestión. De momento, la oposición no es partidaria de promover la creación de la sexta ley orgánica de los últimos 30 años, aunque amenaza con dificultar el acuerdo.

Las históricas diferencias ideológicas entre el PP y el PSOE, como el laicismo o el bilingüismo, podrían quedar fuera de la negociación

Los conservadores pretenden modificar la LOE al máximo. "Si no, el pacto sería un brindis al sol", declaró el pasado viernes el diputado conservador, José Luis Ayllón. El grupo del PP en el Congreso preguntará en la sesión de control de esta semana al Gobierno si considera necesario hacer reformas legislativas para mejorar la calidad de la educación. Será una oportunidad para marcar los límites.

Las históricas diferencias ideológicas entre el PP y el PSOE, como el laicismo o el bilingüismo, podrían quedar fuera de la negociación. Inversión, estructura, modernización de la escuela y refuerzo del profesorado son los puntos donde los expertos demandan pacto. La estabilidad tiene dos objetivos: frenar el fracaso y el abandono escolar, así como mejorar la calidad.

Los expertos vaticinan tres posibles niveles de acuerdo. El primero: acordar la estabilidad de la LOE y mantener la estructura educativa (Primaria, ESO, Bachillerato y FP). El segundo: comprometer la inversión necesaria junto con las comunidades autónomas para alcanzar los objetivos. El tercero: apartar del debate político la gestión de la educación.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló el viernes la hoja de ruta que presentará en su inminente encuentro con el ministro: "El modelo necesario se basa en la calidad, la excelencia y el principio de respeto al profesor y la convivencia. Un modelo que deje fuera de cualquier política partidista que quiera ideologizar a los jóvenes".

1. Normas: la LOE seguirá en vigor

El diputado del PP Juan Antonio Gómez Trinidad sostiene que la inspiración de la LOE es "que el alumno tenga una impresión más lúdica de la clase; no hace falta esforzarse para pasar de curso".

Ninguno de los escenarios pasa por crear una nueva ley orgánica. El PP todavía mantiene el recelo a la LOE porque fue aprobada en 2003 sin su apoyo. Sin embargo, el actual ministro no participó en el texto y eso le otorga más cintura para negociar. El PP insiste en que el PSOE trata de "adoctrinar" a los alumnos y no sería extraño que rescatara la oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ni tampoco que el Gobierno modificara la materia.

2. Profesores: autoridad o más medios

El punto fuerte de la oferta del PP es el blindaje al profesor. Esperanza Aguirre lanzó el pasado martes la receta de los conservadores: la ley de autoridad pública del profesor. El Gobierno, maniatado ante un lema tan efectivo socialmente como la recuperación de valores morales, apenas reaccionó con críticas a la falta de concreción de la propuesta.

La portavoz socialista en el Congreso y ex consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, sí es más contundente: "No se puede criticar que se pretenda enseñar Ciudadanía y luego hablar de respeto al profesor. Se atribuye a los docentes la culpabilidad que tiene toda la sociedad. Por ejemplo, veo pocos ejemplos de modelos sociales en las series de televisión".

Gabilondo no ha creído conveniente repetir uno de sus eslóganes cuando llegó al ministerio: "No dejemos que nos roben palabras como esfuerzo o disciplina", repitió en cada entrevista. El ex secretario de Estado de Universidades e Investigación (2006-2008), Miguel Ángel Quintanilla, lo hace por él: "Es un debate falso e hipócrita. Todo el mundo está de acuerdo en que el esfuerzo es necesario. ¿Quién lo niega? Lo exaltan para que los demás no lo puedan asumir", critica.

3. Modelo: limitar la concertada

La LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación), aprobada en 1985 por el ministro socialista de Educación José María Maravall, formalizó el sistema de la escuela concertada. Obligó a que las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos tuvieran sistemas de acceso para los alumnos iguales a las de las públicas. Las leyes posteriores otorgaron esa libertad a las comunidades autónomas para la creación de centros. Pero no se ha cumplido el principio de acceso igualitario a las plazas.

El ministro sostiene que la escuela concertada fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad. Sin embargo, los últimos datos ofrecidos por el Gobierno señalan que la escuela concertada está siendo utilizada por algunas comunidades autónomas para cambiar el modelo.

En Madrid, casi la mitad de los alumnos (47%) estudia en una escuela financiada con dinero público en manos privadas. Pero la población inmigrante apenas llega a estos centros, donde el porcentaje de extranjeros es del 17,8%. Además, el PP roza la ilegalidad al confiar centros a empresas que discriminan a los alumnos por sexos.

4. Flexibilidad: el Bachillerato en vilo

Una de las principales críticas que se arrastran desde la LOGSE es la falta de exigencia para pasar de curso. Fuentes socialistas aseguran que no es más que "un tópico" y para el diputado conservador Gómez Trinidad es el mal endémico del sistema educativo, porque permite a los alumnos pasar curso con asignaturas suspensas.

El diputado de ERC, Joan Tardá, expresó en el Congreso el motivo por el que es preciso flexibilizar los enlaces entre el Bachillerato, la FP y la universidad: "Con este desastre educativo en el que los alumnos descartan aprender, hay que establecer puentes, y si se siguen yendo, más puentes y si siguen sin ir, más puentes. No podemos consentir que los jóvenes se vayan de la escuela".

El real decreto que permitía a un alumno pasar de curso en bachillerato con más de dos asignaturas pendientes fue tumbado por la justicia. El Supremo rechazó el pasado marzo esa norma al considerar que iba en contra de la LOE. El pacto político servirá para imaginar otras opciones que flexibilicen la secundaria sin ser ilegales.

5. Pedagogía: nueva enseñanza

El Gobierno ha apostado por las nuevas tecnologías como una revolución pedagógica. Los dos partidos principales y las comunidades autónomas coinciden en que es el momento de informatizar la escuela y renovar la formación del profesorado. Por primera vez habrá un ordenador por alumno en un proyecto que se ha denominado Escuela 2.0. Tras el impacto del plan anunciado por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, llovieron las críticas a la falta de medidas de apoyo a la iniciativa.

"Se sigue enseñando igual que en las últimas décadas. Cambiar eso es la clave de la modernización de la escuela", advierte el ex secretario de Estado de Educación ÁlvaroMarchesi. La renovación es también exigida desde el profesorado. El último informe Talis de la OCDE advierte de que los docentes españoles son los que menos evaluados y formados se sienten de la UE.

6. Inversión: alcanzar la media UE

La reducción del PIB y el aumento del esfuerzo inversor en becas ha posibilitado que España acaricie el 5% de su riqueza invertida en educación. En concreto, alcanza el 4,95% después de un aumento presupuestario en la última década del 53,3%. Si el porcentaje del PIB que llega a las aulas se toma como referencia para medir la importancia que el PP otorgó a la educación, la conclusión es que fue poca. Durante las dos legislaturas de José María Aznar, la inversión quedó estancada en el 4%.

El Gobierno ha impulsado junto con las comunidades autónomas un modelo de copago al 50% en el plan de escolarización 0 a 3 años y en el Escuela 2.0. Este modelo podría ser el pactado para alcanzar los objetivos de reducción de fracaso y abandono escolar.