María sabe que su hija se quedó sin plaza en el colegio que le solicitó porque otras dos familias trampearon el proceso de inscripción falsificando la documentación. Paula (nombre ficticio), otra de las madres que también tuvo problemas para acceder al mismo centro, contrató a un detective para que investigara los supuestos fraudes. El informe no dejó lugar a dudas: los sospechosos se habían empadronado en casa de unos amigos que vivían cerca del colegio.

En Madrid, como en la mayoría de autonomías, las listas de admisión a los centros públicos y concertados se ordenan tras aplicar unos baremos que priorizan la cercanía del domicilio al centro, el nivel de renta o el tener un hermano ya escolarizado en el colegio.

Falsificar los datos sobre la renta es otra de las argucias más comunes

La hija mayor de María, de 8 años, aunque ahora estudia en un colegio privado, cursó Educación Infantil en un colegio público del centro de Madrid. El deseo de su madre para la menor, de 3 años, era que pudiera seguir los pasos de su hermana. Pero no pudo ser.

Para Paula, lo peor es que las familias que habían cometido el fraude, '¡encima presumían de ello!', exclama. 'Desgraciadamente, en este país se valora mucho la picaresca', apunta Paula.

Con los documentos que le dio el detective, Paula fue al centro a protestar. 'Me dijeron que tenía que ir al ayuntamiento a impugnar el padrón', explica. En el consistorio la respuesta fue que esa medida sólo es viable 'si alguien se empadrona en tu casa'. 'La Administración es muy hipócrita; si fijan unas leyes determinadas, lo mínimo es que velen por que se cumplan', sentencia esta mujer.

Andalucía ha reforzado el control de las irregularidades

La Consejería de Educación de Madrid se excusa eludiendo competencias. 'El padrón lo expiden los ayuntamientos y a ellos corresponderá sancionar cualquier falsificación', alegan. En el caso de la renta, aseguran que 'la Comunidad comprueba la declaración de los solicitantes con datos de Hacienda'. Así que la culpa, en este caso, sería de la Agencia Tributaria.

También minimizan el problema afirmando que 'el 87% de los alumnos estudian en el centro preferido'. Lo mismo ocurre en otras comunidades, como Castilla y León, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha. En las dos primeras, las consejerías de Educación aseguran que 'más del 95% de los padres' acceden a sus centros de preferencia. En las dos últimas mantienen que no es un problema en sus autonomías porque tienen 'un decreto muy riguroso'.

'La Administración es muy hipócrita', se queja una madre afectada

En Andalucía sostienen que el porcentaje de padres que acceden a la primera opción supera el 97%. Aun así, Educación reconoce el fraude, y lo califica como 'conductas que dañan el sistema educativo'. Por ese motivo, han 'endurecido la penalización' de las irregularidades, que el año pasado representaron el 0,26% del total tramitado. La Plataforma de Padres por la Escolarización Justa (Projusa), sin embargo, asegura que ese dato fue mucho mayor: un 25%. Pese a la regulación, este año también han recibido quejas.

María, a pesar de haberse quedado sin plaza, no culpa a los padres fraudulentos de su situación. En su opinión, la Administración es la única responsable: 'Si no hubiera tantas desigualdades entre colegios, esto no pasaría'. Defiende que hay que 'mejorar la calidad de la educación'. Por su experiencia, el centro donde estudió su hija mayor es 'mucho mejor' que en el que está escolarizada la menor. 'Está masificado, la profesora está desbordada', denuncia.

Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza asegura que 'los padres siempre son las víctimas' y considera que 'algunas consejerías deberían ampliar las plazas'. Esa es la medida que han tomado en Extremadura, donde han decidido construir colegios en las ciudades con más demanda: Badajoz y Cáceres. 'Hace unos años hubo casos incluso de mellizos que tuvieron que ir a colegios distintos. A raíz de ahí, se modificó la normativa de admisión y se mejoró la coordinación con ayuntamientos y Hacienda para evitar fraudes', añaden en la Consejería de Educación.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa),Virgilio Dantés, asegura que la génesis del problema es 'cuestión de cultura'. 'El esnobismo lleva a muchos a pensar que son mejores los centros concertados o privados, cuando la escuela pública tiene un gran reconocimiento y ofrece los mismos servicios', sentencia.