'No es justo que sea el Estado quien asegure los riesgos que las nucleares y sus seguros no quieren cubrir sencillamente porque son inasumibles'. En nombre de IU-ICV, Núria Buenaventura puso ayer el único acento crítico a la aprobación final del proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares, que será remitido al Senado con el respaldo del resto de grupos.

La iniciativa eleva a 1.200 millones de euros la responsabilidad por accidentes nucleares para las empresas titulares de las instalaciones. Endesa, Iberdrola y Gas Natural, mayoritariamente, se reparten la propiedad en el accionariado de las ocho centrales nucleares españolas. Hasta ahora, según explica el Foro Nuclear, los convenios obligan al explotador a cubrir 700 millones de euros por accidente, mientras que de 700 a 1.200 millones los aseguraba el Estado (ahora se eleva a 1.500). La parte del explotador se cubre mediante un seguro contratado al pool atómico español, llamado Aseguradores de Riesgos Nucleares.

Con la nueva norma, que traspone una directiva, el Estado abonará menos

'En realidad, los dueños de las centrales sólo tienen que pagar una indemnización si se produce un escape nuclear consecuencia de no cumplir con la normativa o una seguridad inadecuada', explica Pedro Antonio González, director de siniestros de Willis (segundo broker mundial de seguros). Si el problema nuclear es fruto de una catástrofe natural en España, la responsabilidad la delimita un juez. Si las pérdidas por una catástrofe nuclear superasen los 1.500 millones, se produciría un vacío que aún no está regulado. 'Es posible que tuviera que pagar el Estado como responsable civil subsidiario', admite González.

El calendario ha querido que el recorrido de esta ley por el Congreso finalizara mientras la alarma nuclear está al rojo vivo en Japón. Su legislación obliga a la operadora de las centrales a contratar un seguro por un importe mínimo de 505 millones de euros, además de imponerle una responsabilidad civil ilimitada, salvo ante un desastre natural de carácter excepcional. En ese caso, el Estado nipón es el encargado de indemnizar a las víctimas. Hasta ayer, el Gobierno de Japón aún no había calificado de excepcional el terremoto y el tsunami que han provocado ya más de 100.000 víctimas. De esta manera, Tokio Electronic Power, empresa propietaria de la central de Fukushima, se enfrenta a una posible indemnización de 90.000 millones de euros, según la consultora de reaseguros Guy Carpenter. Si tiene que pagar, con toda seguridad acabará en quiebra.

En Japón, al dueño se le exime de pagar si el siniestro se declara excepcional

Mientras, en el Congreso la referencia a Japón fue una constante. 'Estamos ante una ley necesaria que ha gozado de gran consenso. Lo mejor es que nunca sea necesaria', apuntó Javier Gómez Darmendrail, portavoz del PP en la Comisión de Industria, donde se aprobó el texto. El mismo deseo cerró la intervención del ponente del PSOE, Jesús Alique, quien aprovechó para anunciar la disposición de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear para comparecer en el Congreso y explicar qué lecciones pueden extraerse de la crisis nuclear desatada en Japón. Frente a tantos parabienes, la representante de IU-ICV defendió la enmienda a la totalidad presentada por estas dos formaciones al considerar 'insuficiente' e 'injusta' la responsabilidad civil que incorpora la ley.

El texto nace de la transposición de la normativa europea en esta materia que plantea una indemnización máxima a pagar por las centrales de 1.500 millones de euros en caso de siniestro. Sin embargo, en el caso español, el Estado tendrá que cubrir 300 millones, ya que las aseguradoras no ofrecen cobertura más que por 1.200 millones, según explicó el portavoz socialista.

En otros países, como Alemania, Suiza o Ucrania, la responsabilidad es ilimitada, como la establece la ley a las empresas por daños medioambientales. El texto establece de esta forma una excepción para el régimen nuclear y no aclara qué ocurre con indemnizaciones por daños que superen esta cantidad, a pesar de los precedentes. La factura de los daños causados por Chernobyl se cifra, por ejemplo, en más de 180.000 millones de euros. 'Es de suponer que tendrá que ser el Estado quien haga frente', criticó Buenaventura.

'No es justo que la energía nuclear sólo pueda subsistir gracias al subsidio del Estado', reprochó la diputada ecosocialista, que denunció el 'trato de favor' a las propietarias de las centrales nucleares. Además, pidió que la nuclear sea una energía 'de transición', que acabe finalmente en una apuesta definitiva por fuentes 'limpias y seguras'.