Dos paraísos fiscales, Marruecos y Holanda ponen trabas a la 'Gürtel'

La investigación del juez Antonio Pedreira para localizar y bloquear el dinero evadido a otros países por la red Gürtel lleva desde su inicio topando con resistencias internacionales. Especialmente, con la de dos paraísos fiscales ligados al Reino Unido Isla de Man e Islas Caimán pero, también, con la de un Estado de largo pedigrí democrático: Holanda. Y con la del principal aliado de España en el norte de África: Marruecos. De los 15 países o territorios a los que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que instruye el caso ha cursado comisiones rogatorias, los cuatro citados no han dado un solo paso en favor de la cooperación.

Otros Estados o territorios, como Panamá, están colaborando oficialmente, pero de manera parcial, con lentitud y muchas trabas. Y otros, como EEUU, Portugal, Reino Unido, Colombia, Mónaco y, más recientemente, Suiza, han aportado información al juez, según consta en el sumario. En la Confederación Helvética, la red tiene bloqueados 17 millones de euros. En Mónaco, cuatro.

Panamá está cooperando con lentitud y parcialmente

Todo lo anterior se desprende de un informe en poder del Tribunal Superior de Madrid desde hace semanas y al que ha tenido acceso Público. El informe reseña la evolución de las comisiones rogatorias expedidas tanto por el actual instructor del caso, Antonio Pedreira, como por su precedesor, Baltasar Garzón.

El refugio del trust de Correa

Lo ocurrido evidencia de nuevo el verdadero papel jugado por los paraísos fiscales. Un ejemplo: el archipiélago caribeño de las Caimán, colonia británica, ni siquiera se ha molestado en denegar la petición de auxilio lanzada desde España. Sencillamente, no ha contestado desde que el 9 de diciembre de 2009 se cursó la rogatoria.

Garzón envió la primera rogatoria siete meses antes de estallar el caso

En las Caimán, el juez Pedreira busca información sobre Correa Sánchez Trust y la sociedad que actuaba como su administradora, Chelmi Ltd. Un informe policial fechado en julio de 2010 certificó con pruebas que Chelmi aportó los fondos para la compra de terrenos en Cartagena de Indias (Colombia).

Por lo que concierne a la Isla de Man situada en el mar de Irlanda y sujeta a la soberanía de la monarca británica, sus autoridades se limitaron a indicar en diciembre de 2009 que dos cuentas por las que preguntaba el juez no se localizan allí, aunque la rogatoria incluía muchas más peticiones. Pedreira insistió en febrero de 2010. Desde entonces, sus autoridades guardan silencio.

Pero el muro de la opacidad no se levanta sólo en paraísos fiscales. En el corazón de Europa, y dos años y medio después de tener en sus manos la primera solicitud de asistencia judicial, Holanda aún no ha entregado ni un papel, a tenor del informe sobre rogatorias.

Rabat sigue dando largas y Países Bajos se escuda en su legislación

Dos años y medio de espera

Países Bajos y su colonia caribeña de las Antillas holandesas, ahora recién convertidas en dos países también dependientes de su antigua metrópolis, fueron los destinatarios de la primera comisión rogatoria del caso. La cursó Garzón el 6 de agosto de 2008; es decir, el mismo día en que abrió las diligencias secretas que, siete meses más tarde, provocarían el estallido del caso, el arresto de Francisco Correa y la imputación de los primeros políticos del PP conectados a la red.

Hasta ahora, y según el informe de rogatorias, la ayuda holandesa ha sido nula. Su comunicación más intensa con España se produjo en agosto de 2010. En una misiva recibida en Madrid el día 18 de ese mes, el reino neerlandés adujo "que según el ordenamiento jurídico holandés, no es posible congelar y embargar dinero de cuentas si ha sido solicitado con el objeto de obtener pruebas de hechos criminales".

En un informe fechado el pasado 23 de julio, la policía explicaba cómo Holanda y su colonia caribeña desempeñan un rol crucial en la red piramidal de sociedades creada por Correa y los suyos. "Existe relataba la policía una relación de dominio piramidal figurando en la cabeza la denominada sociedad principal constituida en un paraíso fiscal, cuyos accionistas y administradores son fiduciarios, y cuyo capital está constituido por acciones al portador". En el siguiente escalón, continúa el informe, "estaría la llamada sociedad agente ubicada en Inglaterra, Madeira u Holanda y finalmente la sociedad en España". Había dos tipos de estructura y en ambas el primer eslabón comenzaba en España. En una, las sociedades finales se localizaban en Nevis. En otra, en las Antillas Holandesas (Curaçao).

Tampoco Marruecos se toma prisas. Nueve meses después de haber recibido la primera rogatoria, Rabat pidió el pasado 27 de septiembre conocer la legislación aplicable al caso. La petición resulta insólita dado que en la rogatoria cursada en diciembre de 2009, como en todas las demás, España ya hacía constar los delitos atribuidos a los investigados.

En Marruecos, Pedreira busca información sobre propiedades de Arturo González Panero, ex alcalde del PP en Boadilla (Madrid) y uno de los primeros imputados en el caso Gürtel. Los documentos incorporados al sumario muestran que Panero compró un apartamento en una urbanización próxima a Tetuán. Pero, hasta ahora, el Gobierno de Abás El Fasi no ha dado ningún signo que indique su disposición a bloquear las cuentas de Panero abiertas en ese país ni a facilitar sus movimientos bancarios.

Las restantes rogatorias han tenido este camino: Islas Vírgenes envió dos cajas de documentos el pasado 22 de octubre. Nevis ha enviado algunos datos sobre bancos. Las rogatorias de Luxemburgo y Singapur [este último, no mencionado en el informe] se cursaron en octubre.

"Países no colaboradores"

Un auto premonitorio

En un auto fechado el 28 de septiembre de 2009 , el juez Pedreira ya lamentó la dificultad de cumplimentar las comisiones rogatorias. Esa dificultad, escribió,
"viene determinada por el hecho de tratarse de territorios y/o países, en algunos casos, no colaboradores".

La inquietud de Correa

En una de las conversaciones intervenidas en prisión, Correa habla con su abogado sobre la necesidad de "controlar" las comisiones rogatorias.