A la manifestación de Sevilla convocada ayer por los sindicatos corporativos de funcionarios sólo le faltaron un par de pancartas. Una de ellas podría haber dicho 'Javier Arenas, presidente' y la otra 'Cualquier parecido con la política es pura coincidencia'. Ambas habrían servido para despejar algunas de las muchas dudas de una concentración de la que se desprendía un olor inequívocamente electoral. De hecho, la manifestación de ayer quedaba muy lejos, en asistencia e intenciones, de aquella del 22 de enero en que los funcionarios estaban encendidos por la sospecha de que la Junta de Andalucía quería recortarles derechos. Tal vez no era así, pero ellos lo creían. Y además lo creían sinceramente. Y por eso salieron a la calle.

Una vez aprobada en el Parlamento la ley de reforma del sector público, muchas de esas sospechas se han diluido en un texto legislativo que ha incorporado prácticamente todas las exigencias planteadas por todos los sindicatos. Por eso, la manifestación de ayer no era en realidad contra la ley Griñán, sino contra el propio Griñán, con ley o sin ley, es decir, contra el PSOE, es decir, a favor del PP. Y por eso mismo tuvo el seguimiento que tuvo: importante, pero no multitudinario como en enero. Y por eso se oyeron en ella las cosas que se oyeron.

Los sindicatos tienen todo el derecho a convocar esa manifestación. Esa y las que quieran. A lo que tienen menos derecho es a vender a la opinión pública la mercancía averiada de que lo de ayer no fue un acto de campaña electoral, sino una mera protesta en defensa de unos derechos que alguien pretende arrebatarles. De hecho, los sindicatos ya han dicho todo lo que tenían que decir. Y han puesto todos los recursos que tenían que poner, como lo ha hecho el propio PP al presentar el suyo ante el Tribunal Constitucional, también por cierto en plena campaña.