Mitad desafío y mitad atajo legal. La Mesa del Parlament de Catalunya aceptó ayer tramitar una iniciativa popular para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya, planteada por la Coordinadora Nacional de las consultas soberanistas. A favor de tramitar la iniciativa votaron CiU, ERC e ICV, mientras que se opusieron PSC, PP y Ciutadans. Los promotores de la iniciativa deben recoger ahora un mínimo de 220.000 firmas para su debate en la Cámara catalana.

La decisión tiene un carácter meramente técnico, al entender la Mesa del Parlament que la iniciativa popular se ajusta a la Ley de Consultas catalana, pero no anticipa la posición política de los diferentes partidos. Existen pocas probabilidades de que la consulta se celebre realmente, ya que es el Gobierno central el que debe dar la autorización final.

Los promotores se amparan en la Ley de Consultas para abrir el proceso

La Ley de Consultas establece que sólo se puede aplicar al 'ámbito de las competencias de la Generalitat' y, entre ellas, no figura la definición de la estructura del Estado. Pero los promotores de la iniciativa popular recuerdan que entre las competencias del Parlament sí está pedir una reforma de la Constitución que facilitara el ejercicio del derecho de autodeterminación. Con el objetivo de sortear los problemas legales, la pregunta que plantea la Coordinadora Nacional es especialmente compleja: 'Para que el Parlament lleve a cabo las iniciativas necesarias que hagan efectiva la voluntad popular, ¿está de acuerdo en que la Nación Catalana devenga un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?'

La iniciativa parte de la Coordinadora Nacional y de sus dos caras más conocidas, el diputado de ERC Uriel Bertran y el jurista y militante de CDC Alfons López Tena. A pesar de la seguridad que expresaron ayer sobre la legalidad del proyecto, es previsible que el Estado busque mecanismos jurídicos para desactivarlo, como ayer mismo hicieron PP y PSC. Los dos partidos coincidieron en mandar la iniciativa al Consejo de Garantías Estatutarias cuyas decisiones no son vinculantes alegando que la pregunta no es clara y se arroga competencias que Catalunya no tiene.

Si el proyecto siguiera su curso sin problemas legales, después de reunir las firmas sería debatido en el Parlament y, si la mayoría absoluta de diputados lo apoyara, sería remitido al Gobierno español para que se autorizara la convocatoria del referéndum.

En último término, es el Gobierno central el que debe autorizar la consulta

Es de prever que los promotores de la iniciativa obtendrán el mínimo de firmas requeridas, ya que las consultas celebradas en municipios catalanes durante los últimos lograron sumar 500.000 votantes favorables a la independencia. Pero Convergencia ya se demarcó ayer del proyecto: 'CiU no quiere ser partícipe de este engaño monumental', declaró su portavoz, Oriol Pujol, que considera que el proceso generará 'frustración' al estar supeditada a la decisión del Gobierno central. Pujol recordó que, por esa razón, la federación votó en contra de la Ley de Consultas.

Los organizadores, sin embargo, se mostraban convencidos de que la ley lo ampara, igual que el presidente de ERC, Joan Puigcercós, que habló de 'momento histórico' y de 'proceso irreversible hacia la celebración de un referéndum oficial'. El líder independentista se permitió un eslogan: 'Contra el TC, referéndum, y contra el centralismo, democracia'.