Paso clave del TSJCV para imputar a la cúpula de Camps en el 'caso Gürtel'

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) mostró ayer el primer signo claro de que aceptará investigar e imputar a la cúpula de Francisco Camps en la Generalitat y el PP. A esos dirigentes, entre los que figuran el vicepresidente Vicente Rambla y la actual presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, Anticorrupción les atribuye varios delitos graves en conexión con la trama Gürtel, como son los de delito electoral para financiar ilegalmente al partido, prevaricación y soborno.

En una providencia fechada el miércoles, la Sala Civil y Penal del TSJCV pide a Les Cortes que acredite "la condición de aforados de dichas personas", es decir, las afectadas por el auto en que el juez madrileño Antonio Pedreira se inhibió a favor de la justicia valenciana. Y le pide que lo acredite respondiendo si pertenecen a la Diputación Permanente, el órgano que rige la Cámara fuera de periodo ordinario.

El vicepresidente Rambla y la presidenta de Les Corts están en la lista

Anticorrupción, que observa en total indicios de seis delitos penados con cárcel, señala como presuntos autores a varios miembros de la trama, así como a nueve cargos del PP, todos del PP valenciano salvo uno, y a los propietarios de ocho empresas que supuestamente financiaron al PP.

Nueve en total

Entre los dirigentes del PP, y además de Rambla y Martínez, se cuentan los siguientes: el vicesecretario general del partido, David Serra; la tesorera, Yolanda García; y el ex secretario general, Ricardo Costa. Todos los citados gozan de aforamiento ante el TSJCV. Y todos, salvo Rambla, son miembros de la Diputación Permanente.

Anticorrupción atribuye a los cargos de PP delitos penados con cárcel

Los otros cargos cuya imputación solicita la Fiscalía son Cristina Ibáñez, administradora de la campaña para las autonómicas de 2007; Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo; Pedro García, ex director general de Canal 9; y Luis Bárcenas, extesorero del PP y ya imputado en la causa que se instruye en Madrid.

Dado que la cámara valenciana quedó disuelta tras la convocatoria oficial de elecciones y que tiene de plazo para constituirse de nuevo hasta el 28 de junio, la solicitud del TSJCV significa que adoptará su decisión antes. Cuando el PP planteó su primera querella contra el portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, querella ya archivada, el primer paso del TSJCV previo a la imputación fue solicitar a Les Corts que certificara su condición de aforado. Todo indica, por tanto, que habrá imputaciones de altos cargos del PP valenciano.

En principio, el TSJCV planea pronunciarse antese del 22 de mayo sobre si acepta la inhibición del TSJ madrileño. Pero nada puede asegurarse de forma tajante, máxime teniendo en cuenta la trayectoria del tribunal valenciano, que lleva dos años dando largas a la tarea de investigar la financiación del PP ligada a los contratos obtenidos por Orange Market y otras empresas satélite de la red corrupta. La suma de los contratos conocidos hasta la fecha, incluyendo el de la visita del Papa, arroja un monto superior a 14 millones de euros. Los informes incorporados al sumario Gürtel sostienen que los contratos se amañaron en favor del grupo que dirigía Francisco Correa con Álvaro Pérez como su delegado en el País Valencià.

En principio, el TSJCV planea pronunciarse antes de las elecciones

Al vicepresidente Vicente Rambla, Anticorrupción atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Es decir, para camuflar el exceso de ingresos, así como los pagos supuestamente irregulares. Y, por ende, para disfrazar la financiación ilegal.

A la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.

En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho.

Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Y los de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP.

Haciendo suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, Anticorrupción también solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP. En esa lista figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.

La conexión con los trajes

Sobre el escenario hay dos grandes incógnitas: la primera, la de si en el tribunal se impondrá la tesis de quienes creen que el anuncio de apertura de investigaciones debe producirse antes del 22 de mayo; la segunda duda estriba en si el TSJCV optará finalmente por acumular el caso de la financiación con el de los trajes. Eso exactamente es lo que pide la Fiscalía, convencida de que los trajes sólo son una pieza más en el engranaje de los manejos con el grupo de Correa.

Un dato sugiere que la hipótesis de la acumulación en un solo proceso tiene bazas a su favor: que el juez instructor del caso de los trajes, José Flors, sigue sin abrir la boca es decir, sin dictar un auto diez días después de que la Sala del TSJCV ordenase investigar a Camps y los otros tres notables del PP a quienes la red regaló trajes de manera conjunta con quienes los regalaron: Francisco Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el "amiguito del alma" del president valenciano. Fuentes conocedoras del caso creen posible que Flors se mantenga en silencio por si la Sala del tribunal le ordena de nuevo acumular instrucciones: la de los trajes y la de la presunta financiación ilegal.