Patxi López y Mariano Rajoy librarán esta semana el pulso para lograr, si gana el primero, el pago de la extra de Navidad a los funcionarios de la Administración vasca, y, si vence el segundo, para conseguir que no se abone y triunfe la legislación estatal que ha recortado ese desembolso. 

El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará este martes la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno vasco de abonar la paga extra de Navidad a sus 70.000 funcionarios autonómicos, como consecuencia del conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo central, según han informado a Público fuentes del alto tribunal.

En el recurso está invocado el artículo 161.2 de la Constitución, por lo que la admisión del recurso supondría la paralización cautelar del pago de la extra durante cinco meses, prorrogables.

Sin embargo, y según informa Efe, el Gobierno Vasco en funciones ha iniciado este lunes el procedimiento para hacer efectivo el abono de la paga por un total de 207 millones de euros. La nómina de diciembre, junto con la extra, la cobran habitualmente los 67.000 funcionarios vascos el día 20, con lo que este lunes era la fecha tope para iniciar los trámites administrativos con el fin de hacerla efectiva.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno socialista saliente han explicado que la orden de pago está dada y ya ha comenzado el procedimiento para llevarla a efecto mediante la carga de las nóminas en el programa, dar la orden de inicio y otra de libramiento, pese al conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo central en contra de esta medida. La fórmula para realizar el pago ha sido alegar que se están ejecutando los Presupuestos autonómicos para 2013, que prevén el abono.

La decisión del Gobierno Vasco ha sido incluida en el orden del día del pleno del TC convocado para los próximos tres días y que comienza mañana. Fuentes del tribunal destacan que, a no ser de que adolezca de algún grave defecto, lo habitual es la tramitación de estos conflictos, aunque no adelantan cúal puede ser la decisión final en este caso concreto.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, opinó hace unos días que cuando el Gobierno de Vitoria en funciones ejecutase la orden de pago de la extra el Constitucional no podría ya suspender esta medida.

Precisamente, la Fiscalía del País Vasco ha informado este lunes de que no ha actuado de oficio ni ha recibido ninguna denuncia contra responsables del Gobierno Vasco en funciones.

En declaraciones a Efe, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha explicado que los funcionarios de la Administración vasca están a la espera de si el TC admite el recurso del Gobierno que conllevaría la suspensión del acuerdo impugnado.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calificó de 'ilegal' el abono de esta paga y advirtió de que a los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, que llevan 'aparejadas una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años'.

En este sentido, Calpasoro ha asegurado que hasta el momento 'la Fiscalía vasca no ha actuado' contra ningún responsable del Gobierno Vasco y que para plantear esas imputaciones habría que iniciar un proceso penal paralelo, si es que el TC determinara la prevalencia de ley básica del Estado.

Además, ha explicado, se determinará si la decisión del Gobierno Vasco de incumplir esa ley respondió a un acto doloso y arbitrario, y, por lo tanto, delictivo.

Esta circunstancia, podría conllevar finalmente que un consejero o el lehendakari, como responsables últimos de esa decisión política, fueran imputados por un delito de prevaricación administrativa que acarrearía penas de inhabilitación.

Este lunes, el lehendakari en funciones, Patxi López, ha asegurado no temer 'en absoluto' las consecuencias de una posible inhabilitación por ordenar el abono de esa paga, porque los argumentos del Gobierno Vasco 'son muy sólidos'.

Así, ha expresado su convicción de que el Tribunal Constitucional dará 'la razón' al Gobierno autonómico porque le amparan razonamientos tanto políticos como jurídicos, ya que 'solo cumple con la legalidad' una vez que esa paga aparece reflejada en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.