Despacio pero sin pausa, el número de imputados en el caso Gürtel sigue creciendo. Los tres últimos fueron citados hoy a declarar por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Uno de ellos es Rafael Naranjo Anegón, presidente de la mercantil Sufi, a la que en 2002 el entonces concejal de Madrid y actual diputado en la Asamblea regional Alberto López Viejo adjudicó la gestión del servicio de limpieza viaria del distrito madrileño de Moratalaz. Se le acusa de haber entregado 1.232.074 euros a la trama de Francisco de Correa.

Esa cantidad es 'el 3% del monto total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación, ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto con capacidad de adjudicación de contratos públicos'. El auto se refiere a López Viejo, la primera víctima política que se cobró el caso, aunque su imputación formal no se produjo hasta que el procedimiento llegó al TSJM por su condición de aforado.

La fiscalía imputa a los otros dos nuevos acusados cohecho y prevaricación

La resolución imputa a Naranjo Anegón un delito de cohecho continuado, 'al constar en el procedimiento numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades, por mediación de Francisco Correa'.

Los otros dos últimos imputados en la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción son José Luis Cortés Bañares y Luis Valor San Román. Ambos, junto con Naranjo Anegón, comparecerán ante el juez el próximo 9 de septiembre. El primero está acusado de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, como cooperador. Por su parte, la imputación de Valor San Román es como cooperador de un delito de prevaricación.

Uno hacía facturas para la trama y el otro influyó en una adjudicación

Según Anticorrupción, José Luis Cortés emitía facturas para las distintas empresas del grupo empresarial de Francisco Correa. Oficialmente se dedicaba al mantenimiento de los servidores informáticos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte (Madrid), así como de la página web de la localidad. También aparece como el que suministraba ordenadores a Pasadena Viajes. Sin embargo, la fiscalía considera que en realidad no prestaba estos servicios y se limitaba a facilitar facturas falsas al grupo de corrupción.

La acusación contra Valor San Román se remonta a su etapa como director del Área de Nuevas Tecnologías de Majadahonda. Hacía los pliegos y los informes técnicos del expediente de contratación Consultoría y Asistencia para el Diseño e Implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano de la citada localidad madrileña.

Por su parte, la fiscalía se ha opuesto a que vuelva a ser rebajada la fianza impuesta a Antoine Sánchez, el primo y presunto testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa.

La cantidad fue fijada por el juez Pedreira el pasado 29 de junio en 75.000 euros. Previamente había descendido de 300.000 a 150.000 euros. Aún así, Sánchez volvió a pedir una rebaja al seguir considerándola excesiva.

Anticorrupción apela al riesgo de fuga existente, que en el caso de Sánchez se acentúa porque residía con su pareja en Senegal antes de que estallase el principal escándalo de corrupción del PP. Si se fugara, dicen las fiscales, la investigación de la trama se complicaría aún más al participar en el blanqueo de capitales imputado a los cabecillas de la trama.