Peligran los centros de discapacitados catalanes

Los centros catalanes dedicados a la atención de personas con discapacidad están en la cuerda floja. El anuncio de la Generalitat de posponer dos meses el pago de las ayudas públicas a todos los servicios de dependencia afecta especialmente a estas organizaciones, que son las más pequeñas. El problema es que "cuentan con menor músculo financiero y van al día en los pagos", explicó la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Raquel Gil.

El dinero que debían ingresar estas entidades este mismo mes de septiembre no llegará y diversos centros dieron ayer a conocer a los comités de empresa que tendrán problemas para pagar las nóminas.

«O pagan el dinero las familias o se llevan los ancianos a casa»

La medida del Govern, con graves problemas de liquidez, afectará a 7.500 entidades que dan servicio a 150.000 usuarios, según los sindicatos. La Generalitat rebaja la cifra a 58.000 usuarios, el número de plazas concertadas.

El vicepresidente de la Associació Catalana de Directors de Serveis a la Dependència Gerontològica, Iñaki Antón, planteó ayer dos posibles salidas: que las familias de los ancianos asuman el pago de la subvención o que "se los lleven a casa estos dos meses".

Ante las quejas de la patronal y las entidades, la Conselleria de Benestar Social comunicó que se avanzará el 25% del dinero comprometido a las asociaciones con mayores apuros. El conseller, Josep Lluís Cleries, aseguró que intentará que en octubre ya se pueda pagar.

Benestar sí ha adjudicado 875.000 euros en ayudas a otras entidades

La misma conselleria que ha aplazado el pago de las subvenciones ha otorgado 875.450 euros en ayudas a 34 entidades juveniles. La que más dinero ha recibido es Coordinació Rural, con 70.835 euros. La tercera es la Joventut Nacionalista, rama juvenil de Convergència Democràtica. La Joventut Socialista recibe 44.500 euros y la de Unió, 30.000. Algo más de lo que se destina a Dincat, asociación que agrupa a 300 entidades que actúan en el ámbito de personas con discapacidad intelectual, que recibe 29.800 euros, informa Efe.