Pena de prevaricación contra la disidencia

La plataforma Solidarios con Garzón congregó ayer a algo más de un centenar de personas en el Ateneo de Madrid en un acto de apoyo al juez Baltasar Garzón en el que varios juristas analizaron las tres causas abiertas contra el magistrado, suspendido de funciones desde mayo de 2010, cuando se le abrió juicio oral por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.

El poeta Luis García Montero ejerció de presentador del acto. En una primera introducción apuntó que los casos que envuelven a Garzón "tienen que ver con muy serios debates sobre el estado de la justicia española y, especialmente, con la libre interpretación judicial".

Expertos juristas desmontan la persecución judicial del magistrado

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática, expresó su "solidaridad" con el "único juez que se ha atrevido a enjuiciar el franquismo" y subrayó que si hay alguien "conocido internacionalmente por la persecución de los crímenes de lesa humanidad, ese es Garzón".

Araceli Manjón, profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense, aseguró que "de lo que se trataba era de castigarle [a Garzón] por una trayectoria y unas actitudes que desde hace tiempo venían sentando mal en determinados sectores de clase política y judicial", explicó. Manjón aseguró que, en los procedimientos abiertos contra el juez se está imponiendo "un sesgo autoritario en la interpretación del derecho" y la creencia de que "la prevaricación se puede imponer como castigo a la disidencia".

En este sentido, la abogada Cristina Almeida recordó que lo "difícil" que era, cuando ella empezó a ejercer la profesión, acusar a un juez de haber dictado, a sabiendas, una resolución injusta. "¡Ahora hay un clima de absoluta ligereza para hablar de prevaricación!", lamentó en relación a la querella presentada contra el juez por Manos Limpias y la asociación, también ultraderechista, Libertad e Identidad.

Expertos juristas desmontan la persecución judicial del magistrado

"Lo que hay en este movimiento es una aberración jurídica que nos está mostrando de manera vergonzante en todo el mundo", reiteró antes de afirmar que este hecho le parecía "más grave" que el intento de golpe de Estado de 1981.

Las críticas a la Ley de Memoria Histórica, debido a su "corto alcance", según la calificó el magistrado recién jubilado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, también se repitieron en la mayor parte de las intervenciones. En especial, fue muy criticado el hecho de que esta norma no anule las sentencias dictadas por los tribunales durante la dictadura. Martín Pallín se preguntó por qué el Gobierno no puede asumir y corregir "las barbaridades del gobierno franquista, cuando Alemania lo ha hecho con respecto al gobierno nazi".

Finalmente, el abogado Joan Garcés realizó un análisis histórico y recordó los "tres genocidios en la Historia de España": el de los judíos, el de los moriscos de los siglos XV y XVII y el que comenzó el 18 de julio de 1936, "los tres de justificación religiosa", apuntó. Asimismo, Garcés señaló al Tribunal Penal Internacional (TPI) como la institución que debería intervenir en el caso de los crímenes del franquismo, en el que, concluyó, "debería aplicase el Convenio contra el Genocidio".