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La Policía cree que la alcaldesa de Alicante pagó en negro a la 'Gürtel'

Un nuevo informe coloca en el disparadero a Sonia Castedo y siembra dudas sobre Carlos Fabra

ALICIA GUTIÉRREZ

Un nuevo informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP en conexión con la trama Gürtel identifica a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, como la 'Sonia' que entregó 24.000 euros en dinero negro para minorar la deuda contraída por el partido con Orange Market tras las campañas autonómicas y locales de 2007. El sumario del caso Gürtel apunta a que el PP ocultó al fisco 2,5 millones en 2007 con ayuda de la trama, que obtuvo de la Generalitat y sus empresas públicas 14 millones en contratos. Distintos informes incorporados a la causa también indican que varios empresarios afines al PP y con numerosas adjudicaciones públicas contribuyeron a enjugar la deuda del partidocon la red corrupta pagando un millón de euros a través de presuntas facturas falsas. Cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos) y delito electoral (financiación ilegal) son los delitos que centran la nueva investigación.

Incorporado a la nueva rama del caso cuya investigación acordó en mayo de 2011 el Tribunal Superior valenciano (TSJCV), el informe señala también al expresidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del partido, Carlos Fabra. Según la Policía, Fabra es 'el Tuerto' al que alude la trama en sus papeles internos como una de las personas que se comprometieron a aportar fondos para reducir la deuda electoral del PP con Orange Market: exactamente, 90.000 euros, aunque los documentos incautados en cuyo análisis sustenta sus conclusiones la Policía no desvelan si ese importe fue satisfecho ni si, en caso afirmativo, la entrega se hizo utilizando los circuitos legales o en B.

La Policía identifica a la regidora como quien pagó 24.000 euros en negro

El informe toma como base archivos internos de la trama: uno de ellos, un manuscrito; otro, una hoja de cálculo en formato Excel titulada 'caja barcelona xls'. Según la unidad policial de delitos económicos (UDEF), quienes en ellos aparecen nombrados como 'Sonia' y 'Alicante Sonia' son en realidad Sonia Castedo. El archivo Excel antes citado se refiere a pagos en negro a Orange Market para enjugar la deuda pendiente.

Uno de los apuntes, del 26 de septiembre de 2007, consigna la cantidad de 24.000 euros abonada por 'Alicante Sonia'. La hoja Excel enumera una serie de actos bajo el epígrafe común 'Alicante'. Pero, en este caso y según la Policía, la referencia a la ciudad es literal. Es decir, no se trata de una alusión a pagos legales o en A, bautizados por el grupo de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, como 'Alicante'.

'La identificación de las personas que se encuentran detrás de los nombres 'tuerto' o 'Sonia', [o] 'Alicante Sonia' se infiere por el contexto en el que se producen', dice el informe policial. Y ese contexto es el de 'actos llevados a cabo en Alicante y Castellón'. Su contabilidad, explica la UDEF, se llevaba 'de forma separada' a la de los servicios prestados para el PP a escala regional y cuyos números quedaron plasmados en el archivo 'Deuda Actual Campaña Partido'.

La conclusión en lo relativo al 'tuerto' y a 'Sonia' queda expuesta así en el informe: 'Por su carácter de aportantes de fondos para la financiación de la deuda derivada de la realización de los actos que Orange Market lleva a cabo tanto en Castilla como en Alicante y por la posición de dichas personas dentro de las estructuras de la formación política [se infiere] que se están refiriendo a Carlos Fabra y Sonia Castedo'.

La investigación sobre la financiación del PP ya ha situado en el ojo del huracán a cinco destacadísimos miembros de la cúpula regional del PP a los que ahora podría sumarse Castedo. Sobre la alcaldesa alicantina ya pesaban graves sospechas en otro caso de corrupción, el Brugal, pero su imputación dependerá de que el juez que lo instruye se inhiba ante el TSJCV, ante el que Castedo goza de aforamiento como diputada autonómica. Uno de los principales imputados del caso Brugal es el empresario Enrique Ortiz, quien presumiblemente también declarará como presunto financiador del PP.

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