Un policía denunció al ladrón del Códice como sospechoso del robo hace un año

La investigación del robo del Códice Calixtino fue una "chapuza" y tuvo fallos garrafales. Así lo sostiene el Sindicato Unificado de Policía en un comunicado difundido esta tarde que incluye un informe que el 8 de julio de 2011, 72 horas después de la desaparición del libro, elevó un policía de la Escala Básica de Santiago a sus superiores dando el nombre de Manuel Fernández Castiñeira como posible sospechoso de la sustracción, y subrayando que se jactaba de tener antigüedades de la Iglesia.

En su 'minuta' enviada por conducto reglamentario a sus superiores el 8 de julio de 2011, el Policía decía que, "en relación a la reciente sustracción del Códice", "un tal Manuel Fernández Castiñeiras, con domicilio en Rosalía de Castro número 27, Portal 2, 1ºE de Milladoiro, estuvo de electricista en la catedral hace dos años, siendo despedido al ser sospechoso de varias sustracciones, así como pasar facturas irregulares, no siendo denunciado".

 Destacaba además "el amplio conocimiento que manifiesta tener de la catedral" el sospechoso, y que se "jactaba" "de tener diversas antigüedades pertenecientes a la Iglesia". "Reseñar que no parece que existan ingresos en la unidad familiar, teniendo un alto nivel adquisitivo con numerosas propiedades inmobiliarias". Agregaba que el sujeto estaba "sin motivo aparente y de forma asidua en la Catedral, así como, al parecer, desde su despido, no tiene 'mucha simpatía' hacia la Iglesia, manifestando en ocasiones que se vengaría". "Lo que se comunica por si pudiese ser de utilidad y a los efectos oportunos", concluía este agente, perteneciente a la Unidad de Prevención y Respuesta, Radiopatrulla, de Santiago.

En su comunicado, el SUP reclama saber "qué paso con dicha minuta, si se curso o si no se hizo, y en cada uno de los supuestos, exigir explicaciones a los distintos mandos sobre las razones de su proceder. Es un fallo garrafal, impropio de cualquier organismo o institución que debe saldarse con la depuración de responsabilidades y el establecimiento de mecanismos que impidan que un caso como este pueda volver a ocurrir".

En este sentido, fuentes de la Dirección General de la Policía consultadas por Público.es dijeron que Fernández Castiñeira fue uno sospechoso desde el principio, junto a otros operarios que también trabajaban en la Catedral o estaban relacionados con ella. Y añadieron que la estrategia de la investigación fue siempre "preservar la integridad del Códice". 

El SUP dice también en su nota que, en relación a las grandes sumas de dinero incautadas en la operación, es preciso saber si son fruto de la venta de patrimonio histórico artístico "muy mal guardado (y por lo tanto, con las responsabilidades correspondientes) o si son dinero de la Iglesia, en cuyo caso hay que saber en cuánto tiempo se consigue dicha cantidad, de dónde proviene, y qué cauce legal sigue dicho dinero.

Respecto a la parafernalia desarrollada ayer con la entrega del Códice por Mariano Rajoy al arzobispo de Santiago rodeados por autoridades policiales y políticas, al SUP le recuerda un guión de una película de Torrente. Cree que la Iglesia debería explicar sus sistemas de control, cuánto le han robado, cuánto dinero mueven y si aplican normas contables legales o no, mientras que políticos y policías deberían iniciar una investigación independiente a fin de conocer todo lo acontecido con este asunto.