La Policía destapa el desmadre en el reparto de los ERE

Los testimonios y pruebas recabadas hasta ahora por la Policía Judicial en su investigación de la inclusión de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía convergen en el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Este, según se desprende de los interro-gatorios, a los que ha tenido acceso Público, manejaba a su antojo el fondo para ERE, dotado entre 2001 y 2010 con 647 millones de euros. Según la investigación de la Consejería de Empleo, al menos nueve millones fueron desviados a un mínimo de 72 personas que no tenían derecho a cobrar esa subvención.

Guerrero, que describió el fondo como "fondo de reptiles", aunque luego se retractó, colocó como perceptores de prejubilaciones a amigos, compañeros de partido, a su suegra, de quien dijo que la había tratado "como a cualquiera" que fuera a solicitar una ayuda e, incluso, al exfutbolista del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, quien cobró 460.742 euros. Preguntado por los agentes si pedía autorización a sus superiores para estas actividades, respondió a la Policía que no, pero que "daba cuenta" de ellas. Guerrero trabajó con tres consejeros de Empleo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Este último está imputado en el caso.

El exfutbolista Pizo Gómez cobró 500.000 euros del fondo para ERE

Los interrogatorios revelan el desmadre en la Consejería de Empleo. Guerrero defiende que el 99% de las ayudas se concedió tras una negociación con empresas y sindicatos, por lo que fueron destinadas a los fines previstos. Sin embargo, el caso de Pizo Gómez es ilustrativo de cómo funcionaba en ocasiones Guerrero. El exfutbolista, que fue detenido por un presunto delito de tráfico de influencias, declaró a la Policía que trabajaba en la empresa Cenforpre, dedicada a la prevención de riesgos laborales. Su jefe, Miguel Errecalde, le dijo que la Junta de Andalucía le debía dinero y que Guerrero le había ofrecido para pagar la deuda una póliza de rentas, como las que perciben los prejubilados. El problema era que la empresa no la podía cobrar al ser una persona jurídica y le pidió el favor de utilizar su nombre.

Pizo manifestó que aceptó, que nunca viajó a Sevilla y que no recuerda firmar la póliza, pero que pudo hacerlo. Recibió 460.742 euros, que utilizó para abonar parte de una deuda con Hacienda, que ascendía al millón de euros. Solicitó un préstamo personal en Caja Rural de 500.000 euros. "Es decir. Con las cantidades procedentes afirma la Policía [de la Junta] pagaba las mensualidades del préstamo".

Un testigo dice que el diputado del PSOE Ramón Díaz

En el caso de Pizo Gómez, Guerrero puso a la Administración como tomadora de la póliza de rentas. Una maniobra que se repitió en más ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Ruiz-Mateos, hijo del fundador de Nueva Rumasa. Este aparece, según la Policía, como beneficiario de una prejubilación por importe de 2,4 millones. Guerrero manifestó a la Policía que desconocía por qué era esto así y agregó que lo que se pactó con la empresa Dhul fue pagar pólizas a los trabajadores cuando se quedasen sin derecho a cobrar el paro.

Jesús Bordallo, directivo de Vitalia, una de las consultoras que intermediaba en los ERE, dijo a la Policía que Ramón Díaz, diputado autonómico del PSOE y exasesor de Guerrero en Trabajo, le llamó y le dijo que "iban a ir dos señores a su despacho". Estos eran dos extrabajadores del taller de carpintería de la fábrica Promi que acabaron en el ERE del concesionario Saldauto.

Guerrero, cuestionado por la Policía por el grado de discrecionalidad en su labor, respondió que atendió "a todo el que solicitó estas ayudas" y agregó: "Es verdad que podía haber atendido a otras personas".