La Policía detiene a siete personas en San Sebastián por presunta relación con la 'kale borroka'

La Policía Nacional ha detenido a lo largo de esta madrugada a siete individuos en San Sebastián por su presunta relación con delitos de terrorismo callejero. La operación es fruto de las investigaciones de la Brigada Provincial de Información de Guipúzcoa por orden de la Audiencia Nacional.

El operativo desarrollado hoy completa el tercer golpe de la Policía a la estructura de la violencia callejera en cada una de las tres provincias vascas. Así, se sumaría a la desarrollada en octubre en Vizcaya, con siete detenidos, y a la llevada a cabo en Álava en verano, con seis arrestados.

En la operación llevada a cabo en octubre, agentes de la Policía Nacional detuvieron de madrugada en Vizcaya, concretamente en la comarca de 'Uribe-Kosta', especialmente castigada por este tipo de acto, a Joseba Elorriaga, Txomin Gezuraga, Aner Mimenza, Mikel de Gregorio, Josu Rodríguez y Lander Labajo. Un día más tarde, en el marco de la misma actuación, fue arrestado en Getxo Zigor Goikoetxea.

El juez Baltasar Garzón ordenó prisión incondicional por pertenencia a banda armada y varios delitos de terrorismo para seis de los detenidos y dejó en libertad bajo fianza por motivos de salud a Zigor Goikoetxea, hermano de un etarra que participó en el atentado contra la casa cuartel de Durango.

Los detenidos confesaron su participación en, al menos, 11 sabotajes desde 2004. Entre los actos de 'kale borroka' figuran la quema de contenedores, lanzamiento de artefactos incendiarios contra sucursales bancarias y de seguros, "batzokis" (sedes sociales del PNV), corte de catenaria del Metro de Bilbao, apedreamiento de autobuses y varias algaradas callejeras.

Operación de verano en Álava 

Tres meses antes, el pasado 10 de julio, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo otra importante operación contra el "núcleo dinamizador" de la violencia callejera en Álava que se saldó con la detención de Gorka Velasco, Koldo Moreno, Javier Fernández de Guzmán y Urko Arroy, único al que el juez de la Audiencia Nacional Garzón dejó el libertad, con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Los cuatro, según la policía, estaban relacionados con ETA a través de la organización juvenil SEGI. En los registros de sus domicilios se intervinieron diversos artefactos incendiarios, material para la fabricación de otros, propaganda y documentación de la organización SEGI.

En el auto en el que se envío a prisión a tres de estos detenidos, el juez ordenaba la búsqueda y captura de otros dos miembros del grupo. Se trata de Federico Lomas, que en agosto se presentó de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y para quien Garzón decretó prisión incondicional, e Ibai Peña, quien quedó en libertad con obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

Lomas fue acusado de haber participado en el reparto de octavillas a favor del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos y en la organiación de un acto de apoyo a su puesta en libertad y de la realización de pintadas amenazadoras con la firma de SEGI contra los partidos PNV y PSOE.

Además, en su domicilio se intervino propaganda de la organización juvenil y un documento incluido en un CD en el que se reflejaba un listado de empresas de Vitoria con anotaciones y marcas, similar al intervenido en un apartamento alquilado por miembros de ETA en la localidad francesa de Dax en 2005.