Dos detenidos y decenas de heridos, entre ellos, seis policías. Este es el resultado del tercer día de enfrentamientos entre la policía y vecinos de El Cabanyal, que se oponen a que las excavadoras acaben con la historia de este viejo barrio marinero de Valencia. Su oposición cuenta con el refrendo legal del Ministerio de Cultura, que emitió el 29 de diciembre una orden en la que prohibió el plan urbanístico del Ajuntament de Valencia para derruir 1.650 casas y prolongar hasta el mar un avenida de cien metros de ancho. Cultura considera que esta actuación supone "un expolio del patrimonio valenciano".

Las tensiones comenzaron a supurar ayer a primera hora de la mañana. El foco se situó en la calle de Francisco Eiximinis, donde el miércoles comenzó el derribo interior del número 31. La órdenes del consistorio eran claras: acabar de demoler el edificio, pese al requerimiento de la Delegación del Gobierno de paralizar las obras de derribo.

"Aquí no hay armas, sólo ideas y razón", esgrimen los manifestantes

La Policía Local se desplazó hasta allí rápidamente y se apostó en los dos accesos a la vía. Al otro lado del cordón, se conformó un nutrido de grupo de vecinos, que creció a medida que pasaron la horas.

A media mañana, a la crispación se unió la incertidumbre de si aparecería o no la Policía Nacional. Y, sobre todo, si su actitud sería la del martes, cuando levantaron sus porras contra los vecinos. En ese momento ya había comenzado el goteo de políticos de la oposición. La primera en llegar fue la diputada de Compromís, Mónica Oltra. Acto seguido desembarcó la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, con algunos de los concejales de su grupo. Los teléfonos echaban humo y los rostros no eran tranquilizadores.

Alborch comunicó personalmente a los miembros de Salvem El Cabanyal, la plataforma que aboga por la rehabilitación del barrio, que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, había enviado a la Policía Nacional. Pero no para evitar los derribos, sino para garantizarlos.

"Quien siembra vientos, recoge tempestades", dice el ayuntamiento

La portavoz socialista también comunicó que la alcaldesa, Rita Barberá (PP), podría estar de camino. La noticia cayó con la misma contundencia que las palas que han devorado cinco inmuebles en El Cabanyal durante los últimos días. La portavoz de Salvem, Maribel Doménech, temió que la visita de Barberá adquiriera un tinte de paseo triunfal entre porrazos.

No hizo falta. La alcaldesa no acudió finalmente, pero sí hubo represión contra los vecinos concentrados. Sucedió sobre las 11.30 horas. La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo antidisturbio en la entrada del barrio, junto a la estación de Renfe. En una de sus orillas aguardaba la excavadora que debía acometer el derribo. Un operario la puso en marcha y avanzó lentamente por la calle de Llavador. La seguían dos filas de policías nacionales, mano en el cinto, sobre la empuñadura de las porras. La primera resistencia consistió en un par de contenedores volcados. Detrás, un grupo de jóvenes recibió la embestida policial. Se confirmaba lo peor. La Policía Nacional arremetía de nuevo contra los vecinos.

Tras esta primera escaramuza, cerca de 200 personas se sentaron junto al acceso a la calle de Francisco Eiximenis para impedir que la máquina accediera al edificio. Con los brazos en alto y las manos extendidas, retaban a los policías. "Aquí no hay armas, sólo ideas y razón", gritaba una vecina situada en primera línea. Los cánticos afloraban: "¡Salvem El Cabanyal!", "Arriba las manos, esto es un atraco".

La excavadora se detuvo a pocos centímetros de los cuerpos. Cinco policías avanzaron, desenvainaron sus porras y comenzaron a deshacer el grupo con una feroz contundencia. Se desencadenó entonces el pánico, que estuvo tejido de sonidos. El de la goma dura sobre la carne. El de los gritos de la gente en desbandada. El del sollozo de las decenas de heridos que en un momento se amontonaron sobre el suelo.

Con el camino abierto y bajo una lluvia de piedras y botellas lanzadas por algunos resistentes, la excavadora penetró en la calle. Sobre su techo viajaban Gabriel Fariza, miembro de Salvem desde sus inicios, y su hijo, que fueron detenidos.

IU y Compromís exigen el cese del delegado del Gobierno

Cerca del furgón de atestados estaba Luis Felipe Martínez, subdelegado del Gobierno, que rehuyó dar explicaciones a Público sobre por qué la Policía Nacional no ha hecho valer la orden de Cultura que prohíbe los derribos. "¿Por qué la Policía Nacional se ha puesto del lado del ayuntamiento, que se declara rebelde a la autoridad del Gobierno?". "¡Eso es una idiotez!", contestó.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, emitió un comunicado instando a Barberá a deponer su "voluntad contumaz" de continuar con las demoliciones. La actitud de Peralta, que no ha comparecido todavía para explicar su visión de los hechos, ha generado un profundo malestar dentro de su partido, el PSOE. Fuentes gubernamentales señalaron a este diario que Peralta fue apremiado el martes a presentar un recurso ante el juez para que paralizara los derribos de forma cautelarísima, si bien el juez prefirió aplicar la suspensión cautelar. La orden dada por Peralta a la Policía Nacional, según las mismas fuentes, consistía en contener a los vecinos del barrio para mantenerlos alejados de la Policía Local y evitar así posibles enfrentamientos.

La intervención de la Policía Nacional evitó ese choque a golpes con los vecinos. Compromís e Izquierda Unida solicitaron ayer por ello el cese de Peralta. "La Policía Nacional se ha dedicado a apalear a los que trataban de evitar un delito, facilitando así derribos ilegales", argumentó la diputada Mónica Oltra.

Desde el PP, en cambio, defendieron la intervención. "Quien siembra vientos, recoge tempestades", aseguró el teniente de alcalde Alfonso Grau, quien volvió a tildar de "violentos" a los vecinos que defienden la Orden de Cultura. Hoy está previsto un nuevo derribo en la calle de San Pedro, junto a la sede de Salvem El Cabanyal.