Un informe policial fechado recién incorporado al sumario Gürtel ha ampliado la lista de sociedades pantalla utilizadas por la red corrupta como camuflaje para facturar al Gobierno de Esperanza Aguirre mediante contratos menores, aquellos que se otorgan a dedo. Si la Brigada de Blanqueo ya había señalado en informes previos a Grupo Rafael y MQM como compañías tapadera, ahora apunta a Ilusiona Comunicación como 'empresa interpuesta' del conglomerado que presuntamente dirigía Francisco Correa.

La trama, que cobraba de Ilusiona como si le hubiera prestado servicios en calidad de proveedor, ocultaba en un piso franco de Madrid la relación de trabajos facturados por esa empresa a la Comunidad entre el 28 de abril de 2006 y el 14 de julio de ese año. En dos meses y medio, Ilusiona giró 23 facturas por 345.190 euros en total. La empresa se había constituido en enero. Y, según diversas informaciones, está ligada a un empresario próximo al PP de Madrid, Tito José Pajares, pero Público no ha podido verificarlo.

La Policía explica así sus conclusiones a la vista de los documentos y facturas incautados en el registro del piso franco de la calle Martínez Campos y en el del domicilio de Isabel Jordán, directiva del grupo de Correa e imputada en el caso desde su estallido: 'Los conceptos que figuran en las mencionadas facturas se corresponden con los eventos que ha debido realizar la sociedad interpuesta [Ilusiona] y que ha realizado Servimadrid', una de las sociedades de bandera Gürtel. El entonces viceconsejero de Presidencia y exjefe adjunto de la campaña de Aguirre en 2003, Alberto López Viejo, controlaba la adjudicación de contratos menores.

Ayer, fuentes de Ilusiona negaron cualquier vínculo con la red corrupta pero admitieron que, 'probablemente', Servimadrid actuó como proveedor porque 'algún trabajador los conocería'. Un portavoz de la compañía cifró el cupo de contratos con el Gobierno de Aguirre en un 60% de la facturación anual. En 2006, Ilusiona declaró ingresos por 1,6 millones.

En septiembre de 2010, el juez instructor del caso Gürtel pidió al Gobierno de Aguirre todos los pagos efectuados a las empresas de Grupo Rafael. El Ejecutivo madrileño lleva seis meses desoyendo la orden del juez.