La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha manifestado hoy que el hecho de que este órgano pregunte al Ministerio Fiscal si procede suspender cautelarmente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no significa que se le esté 'prejuzgando'.

Según ha dicho Bravo en el Colegio de Abogados de Valencia, donde ha acudido a una entrega de premios de la Fundación Manuel Broseta, 'no hay un plazo específico' para que el Ministerio Fiscal se pronuncie al respecto, aunque cree que lo hará en 'breve', y entonces el Consejo 'valorará' su respuesta.

La portavoz ha insistido en que este traslado al Ministerio Público 'no significa que se vaya a entrar en la cuestión de fondo de forma automática', ya que es un 'trámite natural', efectuado tras dos resoluciones del Tribunal Supremo. 'No se está ni prejuzgando ni adelantando nada', ha reiterado la portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

Por otra parte, preguntada por una posible 'politización de la justicia', ha dicho que el CGPJ 'es un órgano político' y que sus acuerdos 'conforman la política judicial de este país', lo cual no significa que los otros poderes del Estado —Ejecutivo y Legislativo— le 'marquen el camino'.

'Tenemos la soberanía e independencia necesaria para que, dentro de nuestras funciones, sin injerencias, podamos adoptar las decisiones más adecuadas', ha señalado. Además, si 'estar politizada significa que tengamos procedimientos que afectan a políticos, no se debería utilizar este término de forma peyorativa'. 'Lo que está demostrando la justicia es que es capaz de descubrir procesos de corrupción', y en este sentido cree que 'no hay que alarmase' por ello, sino entender que 'la justicia, en este país, funciona'.