El PP, a partir de ahora, exigirá que todos sus cargos firmen una carta de buena conducta y que se constituyan mesas de contratación para decidir a qué empresa se le otorgan los viajes, la publicidad o el montaje de los actos del partido. Los conservadores presentaron ayer su nuevo Código Ético el último lo promovió Aznar en 1993 y nombraron un auditor de prácticas internas para que vele por el control interno. El ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría fue el elegido.

Pero en el documento de ayer no se habla de sanciones. Para ello, el PP se remite a los Estatutos que aprobaron en el Congreso de Valencia de 2008. Y, al centrarse en las medidas preventivas, no aborda qué se debe hacer con los imputados ni con los casos de corrupción que les han salpicado en los últimos meses a cuenta del caso Gürtel. Además, el PP prohíbe que se acepten regalos que no sean los que responden a los usos sociales. Pero no tiene en cuenta que algunos de ellos son de extrema cuantía y no fija ningún tope.

Ana Mato defiende la presunción de inocencia de Carlos Fabra

Preguntada por si los 12.000 euros de los trajes de Francisco Camps formaban parte de lo permitido, la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, explicó que 'todo el mundo sabe cuál es el límite' en estos casos y enmarcó en la normalidad que en estas fechas navideñas se puedan recibir unos turrones, unas naranjas o un vino.

A pesar de las lagunas, Mato explicó ayer que esta iniciativa respondía 'a un compromiso de autoexigencia' y 'responsabilidad con los españoles, que piden que los partidos no miren hacia otro lado cuando se dan conductas que no son las adecuadas'.

En este código, el PP recuerda a los suyos que deben observar 'el máximo rigor y exigencia' en el desempeño de sus funciones para no dañar la imagen del partido. Y apela a los principios de transparencia, eficacia y austeridad que ya se les presupone.

Los conservadores lo venden como un 'compromiso de autoexigencia'

Además, los advierte de que se abstengan de toda actividad privada que pueda suponer 'un conflicto de intereses', que 'no acepten ningún trato de favor', 'que no influyan en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo' cuando ello les pueda reportar algún tipo de beneficio y 'que cumplan estrictamente con el régimen de incompatibilidades'.

A la dirección nacional del PP no le parece contradictorio resaltar todos estos puntos, mientras que en sus filas se dan casos tan poco ejemplarizantes como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y contra la Administración Pública.

Al oír el nombre de Fabra, Mato prefirió pasar página. Apeló a la presunción de inocencia y dijo que había que esperar a que hablasen los tribunales.

'Este partido nunca ha mirado para otro lado en cuestiones de corrupción. Eso lo hacen otros partidos', defendió. La dirigente conservadora, cuyo ex marido, Jesús Sepúlveda, recibió un Jaguar como obsequio de la trama dirigida por Francisco Correa, insistió en que su partido estaba aplicando muchas de las normas internas que se empleaban en el ámbito empresarial privado y que, con ello, el PP pretendía 'ir más allá de las propias previsiones que la propia ley establece'.

El texto fue aprobado ayer por 'aclamación' en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. La mayoría de los dirigentes conservadores no pudieron asistir a la cita por culpa del temporal. Así, no estuvo Camps, ni los líderes de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Catalunya o Baleares. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, sí fue tras faltar al último encuentro por sus discrepancias con el vicealcalde, Manuel Cobo pero se marchó en cuanto el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, tomó la palabra.

'Este partido nunca ha mirado para otro lado en cuestiones de corrupción'

Mato prometió que en unos días la dirección habrá rubricado la 'Carta de Compromisos'. Y, en enero, tras una reunión con los gerentes y secretarios, todos irán adhiriéndose a ella. Esta contendrá un conjunto de obligaciones de contenido deontológico y con ella se realizará 'una declaración jurada'.

Los cargos del PP tendrán que presentar además una declaración de bienes y actividades, tanto si están obligados a hacerlo por razón de cargo público como si no. Además, el PP se compromete a someter anualmente sus cuentas a una auditoria externa, cuyo resultado se publicará en la página web de la formación. Mato recordó que su partido lleva 30 años presentando sus cuentas al Tribunal de Cuentas y no ha tenido 'ninguna tacha'.