El PP catalán avala a Mas: "No es ningún privilegio"

Después de que varios dirigentes del PP y todas sus comunidades autónomas salieran en tromba a denunciar el supuesto "trato discriminatorio" del Gobierno al permitir a Catalunya emitir nuevas emisiones de deuda, una voz se distanció ayer del sentir generalizado del de partido.

La presidenta de los conservadores catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, se desmarcó del discurso oficial. "Señor Mas, nosotros creemos que lo que ha hecho esta semana es lo que le correspondía a Catalunya y que el incremento del endeudamiento no es ningún privilegio sino lo que nos corresponde", dijo Camacho durante la sesión de control al Govern en el Parlament avalando de forma rotunda al líder de CiU.

Mas pide que se lo diga al PP "para que haya menos griterío y más educación"

En su intervención, Camacho también coincidió con el presidente de la Generalitat en que él no tiene que ir a Madrid a "rogar" nada, sino a "negociar" una mejora de las finanzas catalanas. En cualquier caso, la dirigente conservadora responsabilizó al Gobierno de ser "cómplice" de la dificultad de las finanzas públicas catalanas y exigió a la Generalitat un plan de austeridad.

Cuando le llegó el turno, Mas le agradeció sus palabras: "Estas declaraciones que usted ha hecho habría que procurar que se amplificaran por todo el Estado". Y, tras defender que él sólo persigue los intereses legítimos para Catalu-nya, el líder de CiU abogó por que el resto del PP se adhiera a su postura, de modo que haya "menos griterío y más educación".

Pero, por lo visto, ni la escena ni el mensaje llegaron a todos los oídos. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en Onda Cero que ella no tiene "tan claro" que Camacho haya "llevado la contraria" a su formación. Y se dedicó a criticar la "confusión" y el "lío" que, a su juicio, el Gobierno ha generado con todo este asunto. Por eso pidió "seriedad", un "mensaje claro" y cumplir con la estabilidad presupuestaria.

"Yo no sé en qué momento estamos. Artur Mas dice que puede endeudarse y la secretaría de Estado dice que no. Hoy Zapatero dice que él no ha dicho eso y Salgado sale después y dice que refinanciación para todos", ironizó Sáenz de Santamaría señalando que ella se había "perdido" porque "en 24 horas" el Ejecutivo había dado "50 opiniones diferentes".

La portavoz del PP recordó que las medidas de las que se está hablando deben debatirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y denunció que Zapatero quisiera "tapar dos agujeros: el despilfarro de tripartito y el de su debilidad parlamentaria".

En el PP muchos se muestran convencidos de que Zapatero ha favorecido a los catalanes para obtener rédito electoral. Es lo que dejó entrever en sus críticas el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando, nada más conocer la noticia, se mostró convencido de que el presidente se había guiado por razones estrictamente "políticas". En las filas de Mariano Rajoy no creen que Zapatero se mueva tanto por partidismo como por tratar de ganar votos y aferrarse al cargo contando con el respaldo de CiU.

En esa línea se pronunció ayer también la regidora de Valencia, Rita Barberá: "Si París bien vale una misa, el asiento de la Moncloa bien vale una arbitrariedad". A su juicio, el Ejecutivo ha cometido "una discriminación absoluta" con el resto de autonomías. En declaraciones a Efe, Barberá aseguró que a Murcia y a Castilla-La Mancha se les había negado esa misma posibilidad y denunció a Zapatero por mostrar "una dosis increíble de irresponsabilidad y deslealtad".

La alcaldesa valenciana aseguró que no tiene "nada" en contra de Catalunya, aunque lamentó que esta región sufriera el "despilfarro" del Gobierno tripartito. Los conservadores han tratado de medir sus palabras para que no se les acuse de dar rienda suelta a los sentimientos anticatalanistas, que exhibieron, entre otras cosas, en plena reforma del Estatut.

A pesar de las explicaciones del Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó ayer su disconformidad con el acuerdo y aseguró que este es "malo para la economía española" porque lo que tiene que hacer el Gobierno es "reducir el déficit" en el conjunto del país y no dejar ahora que las comunidades se endeuden.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, también lamentó lo sucedido y dijo que no le sorprende nada "la improvisación" y "los bandazos" del Ejecutivo socialista respecto a las comunidades.

Desde la Xunta, se desveló ayer que habían enviado al Gobierno la solicitud para emitir deuda por el valor de los vencimientos de 2011 y que esperaban una respuesta. Además, afirmaron que "todas las comunidades" tienen que recibir "el mismo trato". La vicepresidente económica, Elena Salgado, aseguró ayer, sin embargo, que ya le habían dado autorización a Galicia.