El PP madrileño pide que dimita un estrecho colaborador de Rajoy

La decisión de la jueza de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, de archivar la causa abierta para investigar el escándalo del espionaje surgido en el PP de Madrid reavivó las viejas rencillas entre los conservadores de la Comunidad de Madrid. Así, mientras el Gobierno regional, presuntamente implicado en el espionaje, mostró su "absoluta satisfacción" por el archivo de la causa en boca del consejero de Presidencia, Francisco Granados, uno de los supuestamente espiados, el ex consejero Alfredo Prada, recordó que "el proceso judicial no ha concluido", porque recurrirá el archivo.

Granados consideró que tanto Prada, que es uno de los principales colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director del PP en el exterior, como la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores, ambos víctimas de los supuestos seguimientos, deberían dimitir, al menos "si les queda dignidad", añadió, y dedicarse a "vivir de otra cosa".

La jueza archiva el caso al no apreciar malversación de fondos públicos

El denunciante del caso y vicealcalde de Madrid, el también conservador Manuel Cobo, "debería empezar por pedir perdón", a juicio del consejero madrileño. La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, que no quiso aclarar ayer si va a recurrir, fue quien presentó la denuncia que dio origen a la apertura de la causa en el Juzgado número 5.

Los socialistas madrileños, en cambio, no consideraron que el fallo haya desvanecido la implicación de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en el caso de los espías. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, aseguró que la responsabilidad de Aguirre "está más viva que nunca" y que, por lo tanto, su grupo pedirá que la presidenta se explique en un pleno extraordinario. A su juicio, "la responsabilidad política de Aguirre va mucho más allá de la responsabilidad penal".

La magistrada explica que el mero seguimiento de alguien no es delito

La resolución de la juez Valcarce se basa en que no hay indicios de malversación de fondos públicos, que es el delito investigado en las actuaciones, al ser funcionarios públicos los imputados. La magistrada explica que el mero seguimiento de una persona no constituye infracción alguna, salvo que la información recabada se utilice para otros fines, como chantajear al espiado. Los denunciantes pueden acudir a la vía civil si entienden dañada su intimidad por lo sucedido.

Pese al archivo, la resolución admite que "se produjeron coincidencias" de lugar entre los teléfonos de los imputados y los políticos espiados, aunque no existe "fiabilidad absoluta de los posicionamientos" en el centro de la ciudad.

Tampoco hay certeza de si el funcionario José Manuel Pinto, autor de las notas manuscritas en los partes de seguimiento, las escribió antes o después de que estos se redactaran.