El PP olvida su pasado para rechazar el aborto

El Partido Popular quiere que el aborto quede regulado tal y como está ahora, con la ley en vigor desde 1985, pero no pide su prohibición. Los conservadores presentaron ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional, con la esperanza de que este paralice la nueva norma que regula la interrupción del embarazo e impida que entre en funcionamiento el próximo 5 de julio.

Los conservadores consideran inconstitucional de la nueva ley que permita a las mujeres abortar sin tener que justificar su decisión dentro de las primeras 14 semanas de gestación. "La legalización del aborto sin ningún motivo (...) nos parece contrario al derecho a la vida, tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional desde sus comienzos", justificó ayer el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, quien además anunció que "habrá que llevar" la derogación de la nueva ley en el programa electoral del PP para las próximas elecciones generales. La coordinadora de participación social del PP, Ana Pastor, ahondó en esta idea.

El PP no sólo rechaza la nueva ley de plazos, que considera que fomenta el aborto "libre". También critica que esta establezca que de las 14 a las 22 semanas de gestación se pueda abortar si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Trillo calificó este punto de "coladero". Este es el principal argumento que permitió que entre 1996 y 2004 (los ocho años en que gobernó el PP) se realizaran un total de 588.337 abortos.

Trillo también denunció que la nueva ley permita abortar más allá de las 14 semanas de embarazo si existe riesgo de que el feto desarrolle patologías muy graves. "El mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás", aseguró Trillo. El ex ministro volvió a olvidar que este es otro de los supuestos con los que la ley que estuvo en vigor durante su mandato despenaliza el aborto.

Precisamente, la nueva ley de plazos pretende acabar con la imprecisión de la norma aprobada en 1985, que despenaliza la interrupción del embarazo si existe grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, o si el embarazo fue fruto de una violación. La falta de precisión convirtió la excepción en norma.

El que fue ministro de Defensa del último Gobierno de José María Aznar acudió a la sede del Tribunal Constitucional acompañado por la secretaria de igualdad del PP, Sandra Moneo, y del portavoz adjunto en el Congreso, Santiago Cervera. "Esta nueva ley pretende, por encima de todo, que el aborto, lejos de ser una excepción, una práctica mala para la mujer y por supuesto para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado", arremetió Trillo.

El dirigente conservador explicó que el recurso hace especial hincapié en el hecho de que la ley permita a las chicas de 16 y 17 años abortar "sin el consentimiento y sin el conocimiento de sus padres".

El texto establece esta posibilidad como una excepción. Las menores sólo podrán dejar de informar a sus tutores si demuestran que decírselo las pone en peligro de sufrir violencia intrafamiliar. Un médico deberá corroborar en este supuesto que el temor es cierto, pudiendo pedir para ello ayuda a un psicólogo o a un trabajador social.

El Gobierno y el PSOE se mostraron convencidos de que la ley es constitucional. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo no sentirse sorprendida por la actuación del PP, a quien acusó de oponerse sistemáticamente a "todas aquellas normas que suponen avances".

El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, recordó que la norma "está homologada" porque es similar a las legislaciones de otros países de la Unión Europea.

Por su parte, la secretaria de políticas de igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, acusó al PP de "oportunismo y demagogia", porque "siempre recurre todas las leyes que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía y de las mujeres, pero nunca las deroga cuando llega al poder".

Cuando el PP gobernó, en ningún momento puso sobre la mesa la necesidad de abolir o modificar la ley que se encontró al llegar al poder. Aun así, el propio Aznar no tuvo reparos en apadrinar la manifestación contra el aborto que organizaron varias asociaciones provida el pasado octubre.

También demostró haber roto con su pasado quien fue ministro de Interior del PP, Jaime Mayor Oreja. Una de sus declaraciones públicas más duras contra la interrupción del embarazo fue cuando, hace un año, aseguró que, dentro de la aberración, el aborto es peor que los abusos de curas a menores.