El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer por cinco votos a tres el recurso del PP contra la reforma de la ley reguladora del alto tribunal y, en concreto, la prórroga automática del mandato de su presidenta, María Emilia Casas, principal pretensión de la impugnación presentada.

La resolución de este recurso ha sumido al Constitucional en la mayor crisis de su historia, y la votación con la que tras varias deliberaciones se ha rechazado el recurso refleja la separación en bloques de sus magistrados, aunque todos ellos lo nieguen.

En un Pleno atípico, formado por ocho magistrados -el quórum mínimo para poder tomar decisiones- sólo los considerados pertenecientes al sector conservador defendieron, al menos en parte, el recurso del PP. Por eso, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y el presidente en funciones, Vicente Conde, anunciaron la presentación de votos particulares discrepantes con la sentencia, que se conocerá en los próximos días.

Los otros cinco magistrados, que se suponen progresistas (Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Pascual Sala), declararon constitucional la nueva ley.

Cambiar a la presidenta

El recurso del PP se dirigía contra dos aspectos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en vigor desde el mes de mayo: la prórroga automática del mandato de su presidenta mientras siga siendo magistrada y que el Senado elija a los cuatro miembros del TC que le corresponden a propuesta de los parlamentos autonómicos.

La polémica se centró sobre todo en la prórroga del mandato de la actual presidenta, a pesar de que la reforma convierte en norma una práctica tradicional del alto tribunal.

Tanto María Emilia Casas como el vicepresidente, el conservador Guillermo Jiménez, optaron por abstenerse. Un Pleno dividido en bloques aceptó la abstención, a costa de cambiar la doctrina habitual del alto tribunal al respecto, con el voto de calidad del presidente en funciones en este asunto, Vicente Conde.

El temor a que un cambio de presidente del Constitucional -que beneficiaría al sector conservador, por cuestiones de edad- diera al traste con las principales leyes de la legislatura, a través del voto de calidad que le confiere el cargo, llevó al Gobierno a recusar por primera vez en la historia a dos magistrados. Los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata habían solicitado por carta a Casas que dimitiera y mostraron sin tapujos su oposición a la reforma de la ley, por lo que, según la Abogacía del Estado, perdieron su imparcialidad.

La respuesta del PP no se hizo esperar: recusó a otros tres magistrados a partir de una noticia publicada por El Mundo el mismo día en que Público informaba de la intención del partido.

Con esta iniciativa, que acabó siendo rechazada en términos muy duros por el Constitucional, los conservadores intentaban que no se pudiera tramitar la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata por falta de quórum del TC, de forma que las cinco impugnaciones fueran rechazadas.

Sin embargo, el presidente en funciones optó por individualizar ambas impugnaciones de magistrados. La del PP la estudió el Pleno completo, incluidos los cinco recusados, y fue rechazada. Era difícial que el resultado hubiera sido distinto, cuando seis de los 12 magistrados del TC habían negado tajantemente y por escrito la información en la que se basaba.

Después se procedió a estudiar la recusación del Gobierno. García-Calvo y Rodríguez-Zapata quedaron fuera del Pleno, como es habitual con los magistrados cuya imparcialidad se pone en duda. El Pleno estimó las recusaciones y ambos fueron excluidos definitivamente del debate.